La compra de sedes de Correos por el Botànic suma dudas ahora en Alicante

Redacción | 27 de diciembre de 2025

Las operaciones inmobiliarias impulsadas por el anterior Gobierno del Botànic con edificios de Correos siguen generando interrogantes. Tras los casos de València y Gandía, ahora es la antigua sede postal de Alicante la que vuelve a situarse en el foco por la forma en la que se ejecutaron las obras de adecuación del inmueble.

El edificio, ubicado en la plaza de Gabriel Miró, fue adquirido por la Generalitat Valenciana en febrero de 2023 por 4,9 millones de euros con la intención de convertirlo en sede de la Presidencia. Apenas semanas después, y en un corto intervalo de tiempo, se tramitaron hasta cuatro contratos menores para su puesta a punto.

Cuatro contratos en poco más de dos meses

Según la documentación de adjudicación, entre febrero y abril de 2023 se formalizaron cuatro contratos distintos, todos ellos vinculados a la adecuación funcional del mismo inmueble. Cada uno se situó por debajo del umbral económico del contrato menor, aunque compartían finalidad, espacio y continuidad temporal.

Uno de los contratos, adjudicado el 3 de marzo de 2023, tenía como objetivo la puesta en marcha urgente del edificio, con un importe de 36.799,41 euros, IVA excluido. Días antes, se habían firmado otras dos actuaciones relacionadas con la adaptación interior del inmueble.

El 14 de febrero se adjudicaron trabajos para la ejecución de un tabique con imagen corporativa en el Salón de Plenos, por 5.443,10 euros. El 22 de febrero, por 31.906,44 euros, se contrataron particiones interiores provisionales para habilitar una sala de prensa y el despacho principal. Ambos encargos recayeron en la misma empresa.

A estas actuaciones se sumó un cuarto contrato, adjudicado el 26 de abril de 2023 por 34.144,90 euros, destinado a la adecuación de la primera planta del edificio para albergar los servicios a trasladar.

Unidad funcional y posible fraccionamiento

En conjunto, las cuatro actuaciones superan los 108.000 euros, IVA excluido, y responden a una misma finalidad: convertir el antiguo edificio de Correos en una sede institucional plenamente operativa. La proximidad temporal, la identidad del espacio afectado y la reiteración de adjudicatarios son factores que, según la normativa de contratación pública, suelen analizarse para detectar posibles fraccionamientos indebidos.

El uso reiterado del contrato menor para obras previsibles y planificables vuelve a abrir el debate sobre el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, especialmente en actuaciones vinculadas a edificios públicos y usos institucionales.

Cambio de destino con el nuevo Consell

Con la llegada del nuevo gobierno autonómico, los planes iniciales quedaron paralizados. La sede de la Presidencia no se trasladó a Alicante y el inmueble pasó finalmente a albergar la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Este caso se suma a otras adquisiciones realizadas en los meses previos a las elecciones autonómicas de 2023, como las de València y Gandia, que supusieron importantes desembolsos económicos en un contexto de elevada deuda y ajustes presupuestarios.

Las dudas sobre la planificación, el destino final de los inmuebles y la forma de contratación mantienen abierto el debate sobre si estas operaciones respondían a necesidades reales de la Generalitat o a una estrategia inmobiliaria poco clara en el tramo final de la legislatura del Botànic.

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