Valencia Noticias | Redacción.- El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, han mantenido un encuentro en el que han pactado un declaración conjunta de ocho puntos por el que ambas reclaman al Gobierno central que la nueva financiación blinde el Estado del Bienestar.
El documento suscrito constituye la primera declaración conjunta en materia de financiación suscrita por la Comunitat Valenciana con una autonomía de fuera del eje Mediterráneo, lo que permite ampliar la base de esta alianza. De esta forma, el presente acuerdo se suma a los pactados también de ocho puntos con Murcia, Baleares y Andalucía.
La declaración conjunta firmada entre Extremadura y la Comunitat Valenciana incide en que la reforma del sistema de financiación “no se ha de abordar como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado de Bienestar en España, poniendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan”.
El texto también proclama que el nuevo modelo tiene que proporcionar una financiación suficiente para que las comunidades autónomas puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables, con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficit en el horizonte de 2020.
Equiparar los recursos
Asimismo, reivindica la necesidad de construir un sistema que equipare en recursos a las distintas regiones. “Todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos prestados por las autonomías”, señala el documento en aras de la equidad.
Además, el nuevo sistema debe proporcionar estabilidad en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, tres de los cuatro pilares del bienestar. En otras palabras, el nivel de gasto de estas áreas debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico. Para ello, el documento proclama que debe construirse una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y la creación de un fondo de reserva (tal y como sucede con las pensiones), de forma que se protejan los recursos necesarios para la prestación de tales servicios.
Aplicación “real” de la lealtad institucional
También debe asegurarse la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas entre sí. Ello significa, en primer lugar, que las nuevas necesidades de gasto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes. Y puesto que la mayoría de las normas que regulan los niveles de prestación de los servicios públicos fundamentales emanan del Estado, éste debe comprometerse con su financiación. Y en segundo lugar, el documento señala que ha de acometerse un proceso de armonización fiscal. Esta es una condición necesaria para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera eficiente y equitativa.
Asimismo, la declaración conjunta reivindica que el nuevo modelo debe ser sencillo, transparente, predecible y, por tanto, permitir la planificación a medio y largo plazo, lo que coadyuvará a una mejor consolidación fiscal en las comunidades autónomas.
El documento afirma, además, que durante los últimos cinco años la contribución al esfuerzo de reducción del gasto público de las distintas administraciones ha sido muy desigual y, en absoluto, proporcional a sus pesos respectivos en el gasto público.
En cifras, esto ha supuesto que la Administración central ha soportado un 20,5% de los ajustes, las comunidades autónomas el 62,2% y las corporaciones locales el 28,1%. En sentido contrario, la Seguridad Social ha contribuido a incrementar el gasto un 10,8% en estos años. Es decir, la reducción del gasto público en el periodo 2011-2015 ha sido lograda en un 95% por el esfuerzo de las administraciones subcentrales: las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Un problema de Estado
Por último, la declaración conjunta subraya el incremento sustancial del endeudamiento de las comunidades autónomas de 2009 a 2014 como consecuencia de la insuficiencia de ingresos y pese a las reducciones de gasto llevadas a cabo en todos los ámbitos. “Si el sistema de financiación hubiera provisto los recursos necesarios para cubrir el gasto en servicios públicos fundamentales, el endeudamiento autonómico hubiera sido 156.000 millones de euros inferior al actual”, proclama el acuerdo
Como consecuencia de lo anterior, se establece la necesidad de abordar la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica desde el principio y, particularmente, en el periodo 2002 a 2017, y que se han traducido en un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de comunidades autónomas de régimen común. “La infrafinanciación que han experimentado las comunidades autónomas debe ser tratada y solucionada como un problema de Estado”, concluye el documento.
Soler: “Estamos ante una oportunidad histórica”
Al término del encuentro, el conseller Vicent Soler y su homóloga extremeña, la consejera Pilar Blanco-Morales, han ofrecido una rueda de prensa para valorar el encuentro y exponer el acuerdo alcanzado.
“Este tipo de contactos bilaterales son positivos y refuerzan la multilateralidad en la que queremos inscribirnos para conformar un Estado de las autonomías plural. Tenemos muchas cosas en común las comunidades autónomas porque somos responsables de una parte clave de la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que por mandato constitucional gestionamos tres de cada cuatro pilares del estado del Bienestar”, ha indicado Vicent Soler.
Para el conseller, la reforma de la financiación “es una gran oportunidad histórica, tras las negociaciones de 2002 y 2009, de corregir el tema de la suficiencia de los recursos para las autonomías con el fin de que puedan sostener el estado del bienestar y dar unos servicios públicos fundamentales de calidad”.
“Pensando en los ciudadanos, estamos obligados a buscar un sistema que garantice que la calidad de los servicios se mantenga sea cual sea la coyuntura fiscal. Porque los niños tienen que seguir yendo a las escuelas, la gente tiene que seguir siendo atendida en los hospitales y los servicios de atención social tienen que seguir funcionando”, ha indicado Soler.
El tabú del dinero de la Administración central
El conseller de Hacienda ha señalado también “que lo que no se ha hecho nunca, porque había un tabú que impedía hablar sobre el tema, es reflexionar sobre el dinero que se destinaba a la Administración central. Hay que plantearse otra vez el reparto del conjunto de los ingresos, de manera que se haga una distribución en función de las competencias que tenemos asignadas las distintas administraciones y de los servicios que prestamos. Eso supondría acabar el estado compuesto, que es el de las autonomías”.
“Este es el cuarto acuerdo bilateral que rubricamos y vamos a hablar con otras comunidades autónomas para seguir ampliando la base común. Hasta ahora se daba una visión muy sesgada presentando la financiación autonómica como un enfrentamiento de territorios. Cuando lo cierto es que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.
Soler: “Se han acabado los codazos”
“Se ha acabado la historia de los codazos entre las autonomías. Ahora lo que prima es el interés de los ciudadanos y que tengan los mejores servicios públicos. Muchas veces se trata de oírnos. A veces hay malentendidos y hay muchos temas básicos que nos unen y hablando es más fácil entendernos”.
Asimismo, a preguntas de los periodistas, Vicent Soler ha señalado que “la corrupción es muy cara. El combate contra la corrupción del pasado que llevamos en València nos está aligerando la carga y esa lucha para optimizar los recursos es muy importante porque demuestra que se puede gobernar de otra manera”.
Ferrando: “La infrafinanciación es un problema de voluntad política”
Por su parte, Clara Ferrando ha querido recalcar “no solo la importancia de rubricar este acuerdo en un momento clave de la modificación del nuevo sistema de financiación autonómica, sino también del hecho de incluir en la declaración conjunta el reconocimiento de una deuda histórica para cubrir el gasto en servicios fundamentales”
“Esa deuda se ha generado por la infrafinanciación crónica que en el caso valenciano es un hecho gravísimo al que hay que atender con urgencia. Solucionar este problema depende de la voluntad política, y si el ministerio quisiera podría incluirlo en el nuevo modelo y dar así carpetazo definitivo a este asunto”.
Una nutrida representación
La reunión entre ambas delegaciones, la extremeña y la valenciana, se ha desarrollado al más alto nivel. En representación de la Comunitat Valenciana han estado presentes, además del conseller Vicent Soler, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, el director general de Presupuestos, José Moreno, y el miembro del IVIE, miembro de la Comisión de Expertos en financiación de las Corts Valencianes, José Antonio Pérez.
Por parte de Extremadura han asistido, además de la consejera Pilar Blanco-Morales; la portavoz de la Junta, Isabel Gil; la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, María Ascensión Murillo; el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas; el representante de Extremadura en la Comisión de Expertos en materia de financiación creada por la Conferencia de Presidentes, Francisco Pedraja; y los miembros del grupo de trabajo técnico en materia de financiación autonómica, Ángel Franco y Felipe Jover.
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