**La dana intensifica la desigualdad para personas migrantes: efectos en la regularización y aumento de discursos de odio**
La situación de las personas migrantes en los municipios de Valencia afectados por la dana persiste como preocupante, ya que la catástrofe ha actuado como un amplificador de desigualdades estructurales, según advierten entidades sociales dedicadas a apoyar a esta población. Las organizaciones lamentan que el proceso de regularización extraordinaria ha sido ineficaz, restringiendo aún más el acceso a derechos básicos y fomentando el aumento de discursos de odio en redes sociales.
Esta problemática se detalla en el III Balance Anual Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en Valencia. El informe fue presentado recientemente por entidades como Campaña CIEs NO, CEAR-PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Regularización Ya, Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes, AIPHYC, Rumiñahui y Valencia Acull. Portavoces como Víctor Navarro, Silvana Cabrera y Esther Mamadou intervinieron en la presentación.
Los representantes señalaron que la situación de las personas migrantes ha empeorado en los municipios afectados por la dana y criticaron el “gran desconocimiento” de las administraciones en sanidad, educación, servicios sociales y ayuntamientos sobre la Ley de Extranjería. También denunciaron la dificultad para acceder a atención y relataron episodios de racismo.
El informe precisa que la regularización extraordinaria tras la dana no ha resuelto adecuadamente las necesidades debido a las dificultades de empadronamiento y la escasa colaboración entre servicios sociales y ayuntamientos para otorgar certificados de residencia efectiva. En el año anterior, Oxfam Intermón calculó que más de 40.000 personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular en la zona afectada, pero solo cerca de 23.000 se acogieron al proceso debido a barreras como la obligación de tramitación electrónica, falta de información en varios idiomas y escaso acompañamiento institucional.
**Acceso restringido a ayudas y derechos**
Cabrera resaltó que en regiones afectadas, sectores como la construcción y el empleo doméstico y de cuidados están compuestos por trabajadores migrantes que muchas veces carecen de contrato laboral y no han podido legalizar su situación. La falta de empadronamiento ha complicado el acceso a prestaciones sociales, atención sanitaria y escolarización. En educación, lamentaron dificultades para reescolarizar a menores debido a daños en infraestructuras educativas y la falta de protocolos antirracistas en las aulas.
En cuanto a vivienda, no hubo un plan de reubicación durante la dana, causando que las personas vivan hacinadas. Se detalló el caso de un garaje convertido en 14 viviendas donde habitan 27 personas en condiciones inadecuadas. Una carencia de inspecciones post-emergencia en zonas vulnerables perpetuó condiciones insalubres y la falta de coordinación institucional entre ayuntamientos y entidades del tercer sector retrasó la respuesta.
Cabrera enfatizó que “la situación sigue siendo preocupante”, señalando la negligencia en la actuación y el impacto mayor en personas en situación administrativa irregular, que continúan sin recibir ayudas autonómicas ni estatales.
**Estigmatización**
Aparte de las consecuencias materiales, el informe apunta a un aumento de prejuicios raciales y étnicos, estigmatización generalizada y desconfianza hacia las instituciones. En redes sociales proliferaron mensajes que culpaban a las personas migrantes de la saturación de recursos públicos o cuestionaban su derecho a ayuda humanitaria.
Las entidades denunciaron actuaciones policiales selectivas basadas en apariencia física o etnia y alertaron sobre exclusión institucional en servicios sociales y educativos. En contextos de protección internacional, advirtieron sobre las dificultades y obstáculos para obtener citas, lo que ha llevado a un mercado negro de compraventa de citas oficiales.
En el ámbito educativo, destacaron barreras para padres en procesos administrativos y casos de bullying y racismo en aulas. El informe también mencionó el caso presunto de violencia policial hacia una familia colombiana y racismo en administraciones públicas, lo cual resalta la necesidad de formar mejor al personal. Las entidades expresaron su preocupación por la violencia contra personas sin hogar y la insuficiencia de plazas en albergues.
