(ACNUR/UNHCR) – La reciente declaración efectuada por EE.UU. en la que informó de que ampliará el programa de reasentamiento de refugiados para ayudar a las personas vulnerables que huyen de la violencia mortífera en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, refleja la urgente necesidad de llevar a cabo una acción regional coordinada para hacer frente a esta situación humanitaria, informó hoy ACNUR. “La iniciativa de los EE.UU. que busca reasentar a refugiados de Centroamérica es un paso positivo para ayudar a abordar la creciente crisis de refugiados”, señaló el Representante Regional de ACNUR en EE.UU., Shelly Pitterman.
La Agencia de la ONU para los Refugiados reiteró su seria preocupación por el bienestar de un gran número de personas que continúan huyendo de la violencia mortal en El Salvador, Guatemala y Honduras –el denominado “Triángulo Norte de Centroamérica” (TNCA).
ACNUR está trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos de la región y en conjunto con sus socios de la sociedad civil para mejorar la capacidad de identificación de aquellas personas obligadas a huir por la violencia en el TNCA. La Agencia también está invitando a los gobiernos a introducir vías legales para proteger a las personas refugiadas de la explotación por parte de traficantes y redes de trata de personas. Asimismo, ACNUR apoya los procedimientos claros y accesibles para los solicitantes de asilo, al igual que otros elementos de una arquitectura de asilo sólida, aspecto fundamental para una respuesta regional eficaz.
ACNUR ha publicado dos informes, “Niños en fuga” y “Mujeres a la huida”, en los que se demuestra que las personas que huyen de la violencia en el TNCA y que llegan a las fronteras de Estados Unidos tienen probadas necesidades de protección internacional.
ACNUR reconoce que es prerrogativa de los Estados gestionar la seguridad de sus fronteras. No obstante, el retorno de las personas para las que se determine que no se encuentran en necesidad de protección internacional debe llevarse a cabo solo después de que sus solicitudes hayan sido estudiadas a través de un debido proceso. Además, dichos retornos deben ser realizados de forma ordenada, segura y respetuosa con la dignidad de las personas y las familias involucradas. Especialmente los casos de retornos de menores no acompañados o separados de sus familias deben basarse en la determinación del interés superior del menor.
