La defensa de Pradas presenta una queja ante el CGPJ por la instrucción de la jueza de la dana
VALENCIA, 14 de mayo. La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está siendo investigada por su gestión durante la dana del 29 de octubre que resultó en 228 fallecidos en la provincia de Valencia, ha interpuesto una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a la instrucción llevada a cabo por la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.
Eduardo de Urbano, abogado del bufete Kepler-Karst, argumenta en la queja que el derecho de defensa de Pradas está siendo “gravemente afectado” por la manera en que la magistrada está conduciendo el proceso, según informó el despacho en un comunicado.
De acuerdo con el abogado, esta causa, considerada una de las más complejas y de mayor relevancia social en los últimos años en España, debería desarrollarse respetando plenamente las garantías procesales y los principios de imparcialidad judicial. No obstante, se han identificado irregularidades que, a su juicio, afectan derechos fundamentales de las partes y cuestionan la equidad del procedimiento.
La queja señala la existencia de resoluciones judiciales con afirmaciones categóricas sin suficiente sustento probatorio, predeterminación del objeto de la instrucción, y denegaciones “reiteradas” de diligencias solicitadas. Asimismo, se menciona una “limitación” del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas “ajenas” al proceso judicial. Además, se critica el uso de “informaciones periodísticas no contrastadas” como base para resoluciones judiciales y la “excesiva duración” de las diligencias.
Eduardo de Urbano sostiene que el respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es crucial para mantener la confianza en el sistema judicial, conforme a las normas procesales y los principios éticos judiciales. Por ello, solicita al CGPJ que analice los hechos planteados y tome las medidas necesarias para asegurar un proceso justo y conforme a Derecho.
