La defensa de Salomé Pradas solicita a la jueza que investigue la gestión de la catástrofe que anule la transcripción de la declaración de su clienta, realizada el pasado 11 de abril. Alega que el documento entregado a las partes es un “resumen o esbozo” que está incompleto e incorrecto, y por lo tanto, no puede considerarse una verdadera transcripción. Además, lo califica de “parcial”.
Este requerimiento está incluido en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja. Según la defensa, Pradas, quien fue consellera de Justicia e Interior, respondió durante casi tres horas a unas 140 preguntas, ofreciendo respuestas detalladas y esclarecedoras para el avance de la investigación. La exhaustividad de las respuestas tenía como propósito abordar la gravedad de las imputaciones, que incluyen el homicidio por omisión de más de 200 personas.
En esa comparecencia se abordaron cuestiones clave como la distribución de competencias en emergencias, la cronología del 29 de octubre, así como el conocimiento y funcionamiento del Cecopi. Todo esto se relaciona con los delitos que se investigan por presunta omisión y pasividad por parte de Pradas.
La defensa argumenta que reducir la declaración a 10 folios es inadmisible, ya que el escrito entregado a las partes debe reflejar fielmente lo expuesto, con todas sus partes esenciales y matices. Pradas enfatiza que la declaración del imputado es un derecho de defensa, por lo que debe transcribirse literalmente.
Durante su declaración ante la jueza, Pradas afirmó que su rol “institucional” carecía de asesores en Emergencias y que eran los expertos quienes debían coordinar. Explicó que seguir el plan establecido era su obligación para evitar caer en temeridad o en un delito de prevaricación. Pradas también apuntó a la falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar y negó que el envío del mensaje de alerta dependiera del ‘president’, Carlos Mazón.
La exconsellera, que únicamente respondió a preguntas de su abogado, dijo que los planes de emergencia están diseñados para ser automáticos, sin requerir toma de decisiones, ya que ella no poseía conocimientos técnicos al ser licenciada en derecho. Agregó que no contaba con asesores en emergencias y que el comité asesor del Cecopi, compuesto por expertos, era el encargado de la coordinación, mientras que tanto ella como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, actuaban como representantes institucionales.
