La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe de forma “urgente” y dé un “impulso definitivo” a las quejas presentadas contra la jueza que instruye la causa judicial sobre la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
El escrito, presentado por el abogado Eduardo de Urbano, vuelve a cuestionar duramente la actuación de la magistrada instructora y denuncia supuestas vulneraciones de derechos fundamentales durante el desarrollo de la investigación.
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La defensa denuncia una “tesis de culpabilidad preestablecida”
En el documento remitido al CGPJ, el letrado sostiene que ha transcurrido “más de un año” desde la primera queja sin que el órgano de gobierno de los jueces haya adoptado una resolución.
Además, acusa a la jueza de mantener “de manera sistemática” una línea de actuación dirigida a confirmar una “tesis de culpabilidad preestablecida” contra Pradas. Según la defensa, durante la instrucción se estarían dictando resoluciones “de extrema dureza” acompañadas de “juicios de valor lapidarios y conjeturas”.
El abogado considera que la investigación estaría vulnerando derechos fundamentales como:
- el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley
- el derecho de defensa
- la presunción de inocencia
- los principios de imparcialidad e independencia judicial
Acusan a la jueza de omitir pruebas exculpatorias
La defensa de la exconsellera sostiene además que diversos autos judiciales estarían ignorando diligencias que, según su criterio, exculpan o atenúan la responsabilidad de Pradas.
Entre las críticas incluidas en el escrito también figura:
- la negativa reiterada a transcribir literalmente las declaraciones de la investigada
- la denegación de diligencias propuestas por la defensa
- el supuesto “bloqueo sistemático” de otras líneas de investigación
Polémica por la supuesta intervención del marido de la jueza
Uno de los puntos más delicados del escrito hace referencia a la supuesta participación del marido de la magistrada instructora —también juez en Valencia— durante algunas diligencias de investigación.
La defensa considera que esta situación tendría una “gravedad institucional extrema” y solicita nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Entre ellas pide:
- que un abogado de acusaciones particulares entregue grabaciones de audio
- que se cite a declarar a ese letrado y a sus clientes
- y que se aporte íntegramente un chat de WhatsApp de familiares de víctimas incorporado a la querella inicial
El TSJCV ya rechazó previamente la querella
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya rechazó en abril la querella presentada contra la jueza y su marido.
La sala descartó entonces los presuntos delitos de:
- usurpación de funciones públicas
- prevaricación judicial
- revelación de secretos
- omisión del deber de perseguir delitos
El TSJCV consideró que, incluso admitiendo hipotéticamente la autenticidad de las grabaciones aportadas, quien dirigía claramente las diligencias era la magistrada titular.
Según el tribunal, la participación atribuida al marido de la jueza podría constituir, en todo caso, una posible irregularidad procesal o disciplinaria, pero no un delito penal.
