La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha dirigido al presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados, para que evite que los condenados por delitos de terrorismo puedan presentar su candidatura a las próximas elecciones generales convocadas para el 20 de diciembre.
La Institución quiere que la Junta Electoral extreme la supervisión de las listas electorales para evitar la proclamación de candidatos inelegibles según la normativa vigente.
La Defensora del Pueblo recuerda que el artículo 6.2.b de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de terrorismo cuya pena contemple inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo. Según la ley, tampoco pueden ser elegidos aquellos condenados cuya sentencia establezca inhabilitación absoluta, especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.
Con esta actuación, la Institución quiere que se garantice el pleno cumplimiento de la ley en una cuestión que hiere la sensibilidad ciudadana y especialmente a las víctimas de terrorismo.
