La Diputación de Alicante ha dado a conocer un nuevo plan económico-financiero con el objetivo de destinar aproximadamente 6,1 millones de euros a los municipios de la provincia, los cuales, según el presidente de la institución, Toni Pérez, están siendo “asfixiados” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La implementación del plan está prevista para antes del verano.
En una conferencia de prensa en el Palacio Provincial, Pérez compartió detalles del plan acompañado por Ana Serna, vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, y Marina Sáez, vicepresidenta segunda y diputada de Administración General y Hacienda. El presidente destacó que desde el principio del presupuesto anual de la Diputación, se había advertido de condiciones impuestas por el Gobierno central que han afectado a las administraciones locales, como las reglas fiscales que impiden el uso del superávit y remanentes para el ejercicio de 2024.
Pérez calificó esta coyuntura como “la mayor agresión en la financiación de las administraciones locales recientes”, subrayando el impacto negativo de no contar con Presupuestos Generales del Estado. Afirmó que, aunque algunos ayuntamientos han terminado con ahorros, no pueden utilizarlos para sufragar sus necesidades.
El plan está diseñado para proporcionar recursos económicos a los ayuntamientos para gastos corrientes. Sin embargo, Pérez explicó que la iniciativa estará condicionada por fases debido a que un fondo de cooperación estándar requeriría más fondos, y un Plan +Cerca multiplicaría esa cantidad significativamente.
El presidente declaró que este plan es un “proceso lento y complejo” y espera que dentro de dos meses se establezcan las bases del fondo de cooperación. Esto dependería de la aprobación de los PGE por parte del Gobierno. Las fases incluyen la aprobación del plan por la Diputación, su elevación a la administración autonómica, la aprobación de la Generalitat Valenciana y las modificaciones presupuestarias necesarias.
Pérez espera alcanzar su objetivo antes del verano, apuntando a que la disposición inicial es por 6,1 millones de euros, con la expectativa de una segunda fase sujeta a la aprobación legislativa del Gobierno. El presupuesto tiene una atención especial hacia los municipios pequeños, independientemente de su signo político.
En cuanto a diferencias con ejercicios anteriores, Pérez instó a ciertos grupos políticos, especialmente el PSOE, a tomar una posición a favor de los ciudadanos. Manifestó que este es el primer año en que no se cuenta con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que impide solicitar un esfuerzo económico a la Generalitat Valenciana. Según Pérez, algunos alcaldes disponen de importantes recursos que no pueden usar por restricciones impuestas por el Gobierno de Sánchez. Además, mencionó que el cambio en el color político de algunos ayuntamientos tras las elecciones de 2023 podría ser un factor diferenciador, ahora bajo el gobierno del PP.
