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La Diputación se adhiere al convenio para impulsar la movilidad laboral de las mujeres maltratadas

Valencia Noticias | Redacción.- La Diputació de València ha aprobado por unanimidad adherirse al convenio entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para impulsar la movilidad laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, una medida preventiva que ya se incluye en el primer Plan de Igualdad en la historia de la corporación provincial, puesto en marcha hace unos meses.

Jorge Rodríguez e Isabel García

Jorge Rodríguez e Isabel García

Así lo ha anunciado el presidente, Jorge Rodríguez, minutos antes del primer pleno del año. Para Rodríguez, “todo aquello que podamos hacer conjuntamente entre las administraciones para combatir la violencia machista debe ser bienvenido, y este es un paso más en esa misma dirección de trabajar desde los distintos ámbitos de la gestión pública para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.

En palabras de la diputada de Igualdad, Isabel García, “esta posibilidad de movilidad en el trabajo de las funcionarias que lo soliciten es una medida de protección que antepone la seguridad de las mujeres, ya que la libertad es cuestionable teniendo en cuenta que lo lógico sería que se alejase al maltratador y no a la víctima”. No obstante, “bienvenidas sean este tipo de iniciativas mientras se desarrollan otro tipo de actuaciones más contundentes”, ha añadido la diputada.

En el proceso de adhesión al convenio entre la Generalitat y la FVMP ha jugado un papel fundamental el área de Personal de la Diputació que dirige Pepe Ruiz. La corporación ha hecho partícipes a los sindicatos, que han aplaudido una iniciativa que “avanza en la protección de las víctimas de violencia de género”.

Movilidad generalizada y recíproca

En el marco del convenio, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de comunicar, a las víctimas de violencia de género que lo soliciten, las plazas vacantes en la población o poblaciones que indique la víctima, sin necesidad de que sean vacantes de obligada cobertura. En la misma línea, la institución debe facilitar la ocupación de la víctima en otro puesto de trabajo de semejantes características al que desempeña, pero en una localidad distinta.

Además, los responsables públicos deben tramitar estas solicitudes de traslado de forma preferente y no comunicar en ningún caso el destino de estas mujeres víctimas de violencia de género, para que la protección sea efectiva. Así lo recoge el texto del convenio suscrito en primer término por la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, y el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, al que se suma la Diputació.

El convenio tiene una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse en plazos máximos de cuatro años, tiene una comisión de seguimiento y tiene como objetivo la eliminación de los obstáculos que puede entrañar la movilidad entre administraciones públicas. De este modo, se pretende que el principio de movilidad se aplique de forma generalizada y recíproca entre los distintos entes públicos valencianos, en estos casos de malos tratos a empleadas públicas.

Un paso más

La Diputació de València, que ya incluyó esta medida de protección de las víctimas de violencia machista en su Plan de Igualdad, da un paso más en su hoja de ruta en busca de una Igualdad real, que se pone de manifiesto tanto en las ayudas a los municipios para que puedan desarrollar sus propios planes de Igualdad como en la implicación en el Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista, al que la Diputació aportó 46 medidas concretas y en el que coordina algunas de sus áreas de actuación.

El pleno de enero, el primero del año, ha aprobado también el Plan Provincial de Obras y Servicios (SOM) para los dos próximos ejercicios, con una dotación de 72 millones de euros que se repartirá entre los 266 municipios valencianos. Una nueva apuesta por la autonomía municipal que permitirá ejecutar centenares de obras para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en estos pueblos y ciudades. El 50% del importe de estas obras se adelantará en el momento en que estén adjudicadas por los ayuntamientos.

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