El problema de la okupación de viviendas en España ha generado un intenso debate en torno a las medidas necesarias para abordar esta situación. Mientras que la nueva Ley de Vivienda ha sido criticada por su enfoque que supuestamente pone “barreras” al desalojo de los okupas, otros países europeos han implementado soluciones más estrictas para hacer frente a esta problemática. En este artículo, exploraremos algunas de estas soluciones y su posible aplicación en España.
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Vivienda en España es el relacionado con el desalojo de los okupas. Mientras que en nuestro país se han evidenciado vacíos legales que permiten a los okupas mantenerse en las viviendas durante largos periodos de tiempo, en otros países europeos se han implementado medidas más rigurosas para abordar este problema.
Por ejemplo, en Alemania, el desalojo se lleva a cabo 24 horas después de que el propietario presente una denuncia ante la Policía. Además, la Justicia alemana impone penas de cárcel de hasta un año para los okupas, y en caso de violencia o daños graves, estas penas pueden aumentar hasta dos años. Asimismo, el propietario está obligado a realizar obras de rehabilitación si el inmueble sufre daños durante la ocupación.
En Francia, la okupación es considerada un acto ilegal que se castiga con penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros. En cuanto al desalojo, si se realiza en menos de 48 horas, el propietario puede llamar a la Policía para que expulse a los okupas de inmediato, sin necesidad de autorización judicial. Si el plazo de 48 horas se ha superado, el propietario debe presentar una denuncia y esperar la autorización de un juez para proceder al desalojo en un proceso rápido.
En el Reino Unido, la okupación también es ilegal y se castiga con penas de hasta 51 semanas de cárcel y multas de hasta 5.700 euros. La Policía puede ingresar a la vivienda si sospecha que está siendo okupada, sin necesidad de autorización judicial. Los propietarios tienen la opción de presentar una denuncia directa por posesión o completar un formulario de “orden de posesión interna”. Si los okupas no abandonan la propiedad en 24 horas, pueden ser encarcelados.
En Italia, los propietarios deben presentar una denuncia ante la Policía, y posteriormente se lleva a cabo un juicio rápido que permite la expulsión y el desalojo. La okupación se castiga con penas de hasta dos años de prisión y multas de 103 a 1.032 euros, que pueden aumentar en caso de violencia o uso de armas por parte de los okupas.
Estos ejemplos evidencian que otros países europeos han implementado medidas más estrictas para abordar el problema de la okupación. En España, el debate sigue abierto sobre la necesidad de adoptar medidas similares que agilicen el desalojo de los okupas y protejan los derechos de los propietarios. Mientras tanto, en nuestro país, el plazo promedio para el desalojo de okupas se sitúa en torno a los 20,5 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
La problemática de la okupación ha generado preocupación en diferentes sectores políticos, y el Partido Popular ha propuesto la implementación de desahucios exprés en 24 horas, siguiendo el modelo de países como Alemania. Esta medida busca agilizar el proceso de desalojo y proteger el derecho de propiedad de los propietarios afectados.
Es importante tener en cuenta que cada país tiene su propio marco legal y sus propias circunstancias, por lo que no todas las soluciones adoptadas en otros lugares pueden ser aplicables directamente a la realidad española. Sin embargo, es evidente que existen alternativas más estrictas que podrían ser consideradas para hacer frente al fenómeno de la okupación.
En conclusión, la cuestión de la okupación de viviendas en España ha despertado el debate sobre las medidas necesarias para abordar este problema. La implementación de soluciones más estrictas, como desahucios exprés, penas de cárcel y multas más severas, que se han aplicado en países como Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, podría ser considerada para garantizar la protección de los derechos de los propietarios y combatir la okupación ilegal.
