La fallida plataforma de movilidad pone en riesgo hasta 24 millones de euros en Valencia

La ausencia de resultados del proyecto europeo de movilidad compartida abre un nuevo frente político y económico en la ciudad.

El proyecto de una aplicación de movilidad compartida entre varias ciudades españolas, impulsado hace años y financiado con fondos europeos, se ha convertido en una nueva fuente de tensión política y económica en Valencia. La falta de resultados concretos y el incumplimiento de plazos contractuales han puesto en el punto de mira a la , con un posible impacto económico que podría superar los 20 millones de euros.

El Ayuntamiento reconoce un perjuicio directo de unos nueve millones de euros ya abonados, pero eleva el riesgo total hasta los 24 millones si la Unión Europea acaba reclamando la devolución de ayudas y aplicando sanciones por el uso indebido de fondos comunitarios.

Un proyecto encallado y un contrato bajo la lupa

La iniciativa, adjudicada a :contentReference[oaicite:2]{index=2}, preveía el desarrollo de una plataforma común de movilidad urbana. Sin embargo, el retraso reiterado en la entrega del producto ha llevado al consejo de administración de la EMT a iniciar un procedimiento sancionador que podría alcanzar el millón de euros, el máximo permitido por contrato.

Desde Compromís consideran que esta penalización es insuficiente y que no compensa el daño económico potencial. La coalición recuerda que buena parte del proyecto se financió con fondos europeos y que el incumplimiento de los objetivos puede derivar en la devolución íntegra de las ayudas recibidas.

Cruce de reproches entre administraciones

El debate ha derivado en un intercambio de acusaciones entre el actual gobierno municipal y los responsables políticos que impulsaron el proyecto en su origen. La plataforma fue presentada en 2021 como un ejemplo de cooperación entre ciudades, con el respaldo del entonces alcalde de Valladolid y hoy ministro de Transportes,

Desde el Ayuntamiento de Valencia defienden que la prórroga concedida a la empresa adjudicataria fue avalada por el propio Ministerio y que, mientras el contrato estuvo vigente, no procedía aplicar sanciones. Aseguran además que el resto de actuaciones ligadas a las ayudas europeas sí se ejecutaron dentro de plazo.

El papel del Ministerio y los fondos europeos

Fuentes del Ministerio de Transportes señalan, por su parte, que el actual equipo gestor de la EMT no apostó decididamente por el proyecto y advierten de que las condiciones de las ayudas europeas eran claras: sin resultados, no hay financiación.

A la espera de que el Ministerio determine el alcance definitivo de las posibles penalizaciones, el Ayuntamiento mantiene que todavía no se puede cuantificar el impacto real. Compromís, en cambio, insiste en que Valencia se enfrenta a un escenario de alto riesgo financiero que podría sumar este episodio a otros compromisos económicos pendientes, como los derivados de la falta de implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

El desenlace del proyecto marcará no solo el futuro de una aplicación que nunca llegó a funcionar, sino también la gestión de los fondos europeos y la credibilidad institucional de la ciudad en futuras convocatorias.

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