El Valencia diseñó la operación de cambio de estadio en una etapa de bonanza urbanística y basada en el interés por rentabilizar el jugoso suelo de Mestalla, pero también había una razón legal que le empujó a construir un nuevo campo. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 16 de diciembre de 2005, confirmó la ilegalidad de la ampliación de Mestalla de 1998 por ocupación de suelo público y condenaba al derribo de la grada La Mar y las ampliaciones del Gol Gran y Gol Xicotet. El Ayuntamiento de Valencia, que modificó el plan general urbanístico para poder levantar esas nuevas gradas, debía ejecutar el derribo de lo construido. Esa batalla judicial fue librada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, que consiguió el amparo legal para frenar la parte de la obra prevista en la Avenida de Suecia, pero nunca pidió la ejecución del derribo puesto que ya estaba en marcha el proyecto de traslado al nuevo estadio. Es ahora, cuando la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica ante la pasividad del club lleva a los vecinos a estudiar las posibilidades jurídicas que tendrían para hacer cumplir el mandato el Alto Tribunal. Así lo confirmó la presidenta de la entidad vecinal, María José Broseta, que reunirá hoy en asamblea a las 70 asociaciones por primera vez de manera presencial. “Hay una sentencia firme del Supremo del 16 de diciembre de 2005 que debemos analizar en qué situación quedaría si finalmente se anulara la figura de la ATE, pero es una sentencia que está ahí y no se puede obviar, puesto que la Federación desistió de ejecutarla de buena fe al existir un compromiso para el traslado del estadio”.
Además, los vecinos exigirán al Valencia el cumplimiento de sus compromisos con la ciudad, en concreto con el polideportivo de Benicalap y con las dotaciones previstas en el suelo del actual Mestalla. Existe la discrepancia jurídica de si esa sentencia, de la que nadie ha pedido su ejecución en 15 años, sigue vigente o por contra ha prescrito, pero la intención de la Federación es que sea un elemento de presión para el club cumpla con los compromisos adquiridos. Este es uno de los puntos más importantes de la reunión, como también la ampliación del Puerto de Valencia, ante la que mantienen su rechazo por el impacto ambiental que supondrá para los vecinos de los poblados marítimos y de los pueblos del sur. “No creemos justificada una inversión pública de entrada de más de 1.000 millones para que una naviera haga negocio, con todas las externalidades negativas que supondrá, poniendo en riesgo el Parque Natural de la Albufera y nuestras playas, sin contar con el acceso norte del que nadie ha informado y que implicará otra inversión insostenible económica y ambiental”, asegura Broseta. El tercer punto será la intención de solicitar al Ayuntamiento la reversión de la autorización de terrazas una vez pase la pandemia para conciliar vida y ocio.
