La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (FAAVV) ha alzado la voz contra la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia que busca cambiar la normativa para legalizar más de 4.000 apartamentos turísticos actualmente en operación. Según la presidenta de la FAAVV, María José Broseta, esta propuesta amenaza con institucionalizar un problema que ya es evidente entre la convivencia residencial y el uso turístico de las viviendas.
El plan del Ayuntamiento implica modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia, eliminando la prohibición vigente que mantiene la actividad de apartamentos turísticos separada de las viviendas residenciales. Este cambio, según la FAAVV, contraviene decisiones judiciales previas que han clasificado tales viviendas como parte de la actividad terciaria hotelera, en lugar de residencial.
María José Broseta aseguró que esta modificación propuesta busca, en esencia, legalizar uno de los factores que más afecta el acceso a la vivienda, desestabilizando el mercado de arrendamiento a largo plazo. La Federación ya ha presentado sus alegaciones, aunque teme que no sean suficientes y anticipa la necesidad de movilizarse para defender tanto la convivencia como el acceso justo a la vivienda.
Broseta destacó la importancia de mantener la incompatibilidad entre las viviendas de uso turístico y las zonas residenciales, recordando que ciudades como Barcelona ya han anunciado la caducidad de licencias para apartamentos turísticos residenciales a partir de noviembre de 2028. Por su parte, Valencia busca legalizar esta práctica.
La FAAVV exige al Ayuntamiento no solo una regulación a futuro, sino medidas concretas para devolver la calma a los barrios y restaurar el uso residencial a las viviendas afectadas. La reducción del alojamiento turístico es necesaria, declaró Broseta, pero no a expensas de legitimar lo que hoy día perjudica la oferta de vivienda residencial.
