La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, al concluir que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos denunciados.
La decisión llega después de que el Ministerio Público tomara declaración, como testigos protegidos, a las dos extrabajadoras del artista que habían presentado la denuncia. Tras ese trámite, la Fiscalía considera que no concurren los requisitos legales necesarios para continuar con una investigación preprocesal en España.
Hechos ocurridos fuera de España
En su resolución, la Fiscalía subraya que la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían tenido lugar fuera del territorio español, concretamente en República Dominicana y las Bahamas. Además, destaca que ni las denunciantes ni las personas denunciadas —más allá de la nacionalidad española de Iglesias— mantienen su residencia, centro de vida o actividad principal en España, con independencia de que el artista posea propiedades inmobiliarias en el país.
El archivo afecta a una denuncia que incluía acusaciones de agresión sexual, malos tratos, vejaciones, trata de seres humanos e incumplimientos de deberes laborales, atribuidas a Julio Iglesias y a otras dos personas de nacionalidad colombiana y brasileña.
Falta de vínculo territorial o personal
El Ministerio Público señala asimismo que no consta ningún vínculo personal o territorial relevante de las denunciantes con España, ni que las autoridades de los países donde se habrían producido los hechos hayan renunciado a investigar o estén imposibilitadas para hacerlo en el futuro.
Por todo ello, la Fiscalía aplica el artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a los jueces españoles a abstenerse cuando otro Estado es el competente para conocer de los hechos.
Posición de las partes
La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y dio lugar a la apertura de diligencias de investigación con carácter reservado. Días después, las denunciantes obtuvieron la condición de testigos protegidos. La organización Women’s Link Worldwide, que colabora con ellas, defendió que España era el país donde el proceso podía tener mayor recorrido jurídico.
Por su parte, los abogados de Julio Iglesias habían solicitado el archivo desde el inicio de las diligencias, alegando falta de competencia de los tribunales españoles. El cantante negó públicamente las acusaciones y afirmó que “nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer”.
Un caso cerrado en España
Con esta resolución, la Fiscalía da por concluida la vía penal en España, sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones, al considerar que corresponde a otros países, en su caso, investigar los hechos denunciados.
El archivo pone fin, al menos en el ámbito judicial español, a un caso que había vuelto a situar en el foco mediático a una de las figuras más conocidas de la música internacional, retirada de la vida pública desde hace años.
