El ex presidente catalán y los cuatro ex consellers que fueron con él a Bélgica podrían ser expulsados del país si el juez ratifica la resolución. La decisión definitiva se conocerá el 4 de diciembre
La fiscalía de Bruselas se manifestó a favor de la extradición del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y de los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bélgica. De todos modos, seguirán en libertad hasta el 4 de diciembre, cuando deberán regresar al Palacio de Justicia para presentar sus alegatos.
El representante del Ministerio Público señaló que las conductas delictivas atribuidas al ex mandatario se enmarcan en dos delitos que existen en el código penal belga, que son los de coalición de funcionarios y malversación. La decisión final del juez se espera entre ocho y diez días después de los alegatos.
Numerosos medios de comunicación internacionales se desplazaron desde temprano hasta el enorme edificio que puede verse desde distintos puntos de la ciudad y que alberga a la Cámara del Consejo, tribunal de primera instancia, donde declararon los acusados. La Policía estableció un amplio perímetro de acceso al tribunal, que impedía ver la entrada de la sala.
Puigdemont y los ex consejeros llegaron y se fueron en automóvil. Junto a sus abogados, había un intérprete, pues la instrucción se desarrolla en neerlandés.
Poco antes de la vista, un portavoz de la Fiscalía había indicado que una vez que el juez decida sobre las euroórdenes deberá entregar su decisión en mano a los interesados, que tendrán que firmarlas. A partir de ahí, Puigdemont y sus colaboradores tendrán 24 horas para recurrir, si así lo estiman oportuno.
La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont, y a sus ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
