El Ministerio Público considera adecuada la agrupación de las acusaciones populares y particulares personadas en la investigación abierta por el desastre del 29 de octubre, en el Juzgado de Catarroja.
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Un paso hacia la simplificación del procedimiento judicial
La Fiscalía de Valencia ha manifestado su apoyo a una petición clave en la instrucción del caso que investiga la gestión política y administrativa de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana en octubre de 2023. En concreto, el fiscal Fernando Maldonado ha avalado la solicitud de las defensas de Salomé Pradas, exconsellera de Medio Ambiente, y de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico, para unificar las diferentes acusaciones populares y particulares en una sola causa.
La propuesta pretende evitar la dispersión procesal, reducir la complejidad del procedimiento y facilitar el desarrollo ordenado de la instrucción, que en estos momentos avanza con decenas de partes personadas, tanto colectivos políticos como ciudadanos particulares afectados por el temporal.
La Fiscalía propone a Podem como representante común
En su escrito fechado el 2 de junio, la Fiscalía sugiere que las acusaciones populares designen una única defensa y representación. En caso de no llegar a un acuerdo, plantea que sea el grupo político Podem quien asuma esa representación única, ya que fue la primera formación en constituirse como parte en el proceso judicial.
En cuanto a las acusaciones particulares —principalmente vecinos, asociaciones de damnificados y colectivos afectados—, el Ministerio Público insta a que voluntariamente elijan hasta un máximo de cinco representantes para los actos procesales, salvo que puedan acreditar intereses “contrapuestos e irreconciliables”.
Esta medida no afectaría al derecho de cada parte a ejercer la acción judicial, pero sí busca evitar duplicidades, dilaciones indebidas y enfrentamientos procesales que puedan ralentizar el curso de la investigación.
El caso se sigue en Catarroja y ya cuenta con importantes citaciones
La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde desde hace meses se acumulan testimonios, informes y diligencias relacionadas con la respuesta institucional a la DANA que dejó miles de afectados, especialmente en municipios de l’Horta Sud y la Ribera.
Entre los investigados figuran altos cargos del anterior Consell, como Pradas y Argüeso, a quienes se atribuyen posibles omisiones en la gestión de emergencias, planificación de riesgos y coordinación con entidades locales.
El próximo 17 de julio está previsto que declare como testigo Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. Su comparecencia, programada para las 09:30 horas, podría arrojar luz sobre el papel de la corporación provincial en los días críticos posteriores al temporal.
Reacciones desde las partes implicadas
Fuentes próximas a las defensas de Pradas y Argüeso han valorado positivamente la posición del fiscal, al considerar que “favorece el principio de concentración de actuaciones y evita una instrucción caótica”.
Desde los colectivos de acusación, sin embargo, hay voces que recelan de una posible pérdida de protagonismo o de representación efectiva. “No todas las asociaciones pensamos igual. A veces las necesidades de una zona concreta son distintas a las de otras comarcas”, explicaba Josep Antoni Mestre, portavoz de un grupo de afectados de la Ribera Baixa.
Una macrocausa con implicaciones políticas y sociales
La causa abierta por la DANA no solo analiza responsabilidades técnicas. También se investiga si hubo negligencia en la toma de decisiones políticas antes, durante y después del fenómeno meteorológico. La gestión de recursos, los protocolos de emergencia, la comunicación institucional y la asistencia a las poblaciones inundadas están bajo la lupa judicial.
Se trata de una investigación con alto impacto social y político, no solo por la magnitud del desastre —que dejó huella en infraestructuras, viviendas y servicios básicos—, sino porque puede sentar precedentes sobre la responsabilidad de las administraciones ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes.
Conclusión: menos dispersión, más claridad
La posible unificación de las acusaciones, de prosperar finalmente, podría representar un punto de inflexión en el procedimiento judicial. No se trata de limitar voces, sino de canalizarlas con más eficacia para que el proceso avance con garantías.
Mientras tanto, la ciudadanía valenciana sigue pendiente de una causa que, más allá de lo jurídico, toca una fibra emocional colectiva: ¿se podía haber hecho más para evitar tanto sufrimiento?
