El Consell ha sacado a licitación un nuevo servicio especializado para actuar frente a la ocupación ilegal de viviendas públicas en la Comunitat Valenciana. El dispositivo funcionará las 24 horas del día y tendrá un tiempo máximo de respuesta de una hora ante cualquier aviso.
La Generalitat ha dado un paso más en su estrategia para combatir la ocupación ilegal del parque público de viviendas. El president, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la creación de un nuevo servicio de intervención que permitirá actuar de forma inmediata cuando se detecte una ocupación irregular en alguno de los inmuebles gestionados por la administración autonómica.
La medida llega después de que el Consell cifre en torno al 13% el porcentaje de viviendas públicas ocupadas ilegalmente dentro del parque gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que supera las 14.500 viviendas en toda la Comunitat Valenciana.
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Atención permanente durante todo el año
La principal novedad del nuevo contrato será la creación de un servicio de urgencias operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.
Según ha explicado la Generalitat, cualquier aviso por una ocupación o una intrusión deberá ser atendido en un plazo máximo de una hora, con el objetivo de evitar que estas situaciones se consoliden y dificulten posteriormente la recuperación del inmueble.
El servicio no solo actuará sobre el terreno. También prestará apoyo jurídico y administrativo durante todo el proceso de recuperación de la vivienda.
Coordinación con Policía y refuerzo de la seguridad
La empresa que resulte adjudicataria será la encargada de coordinar las actuaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de representar a la EVHA en los procedimientos administrativos necesarios para recuperar las viviendas ocupadas.
Entre sus funciones también estará la supervisión de medidas preventivas como la instalación de puertas antiocupación, sistemas de alarma y otros dispositivos de seguridad destinados a proteger el parque público.
Para desarrollar este trabajo será obligatorio disponer de un equipo formado, al menos, por un coordinador jurídico, tres inspectores técnicos, vehículos y los medios tecnológicos necesarios para intervenir en cualquier punto de la Comunitat Valenciana.
Un contrato de casi 800.000 euros
La Generalitat ha licitado este nuevo servicio por un importe estimado de 796.831 euros, sin incluir el IVA.
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarse durante dos años más, y dará cobertura a todo el territorio de la Comunitat Valenciana. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de julio.
Más de 1.200 actuaciones desde 2023
El nuevo dispositivo se suma a otras actuaciones impulsadas por el Consell para reforzar la protección de las viviendas públicas.
Según los datos facilitados por la Generalitat, desde julio de 2023 se han realizado 1.231 intervenciones para impedir ocupaciones ilegales, incluyendo cambios de cerraduras, sustitución de puertas, tapiados e instalación de 608 puertas antivandálicas.
Además, a comienzos de este año se adjudicó otro contrato para instalar y mantener 300 sistemas de alarma en viviendas del parque público, con una inversión de 4,7 millones de euros durante cuatro años.
El objetivo: recuperar viviendas para las familias que esperan una adjudicación
El president ha defendido que esta iniciativa pretende garantizar que las viviendas públicas lleguen a quienes cumplen los requisitos y permanecen en las listas de espera.
Desde la Generalitat sostienen que la ocupación ilegal impide poner inmuebles a disposición de familias vulnerables, dificulta las labores de rehabilitación y puede generar problemas de convivencia y riesgos de seguridad, especialmente por los enganches ilegales a la red eléctrica.
Con la licitación de este nuevo servicio, el Consell busca acelerar la recuperación de viviendas públicas ocupadas y reforzar la gestión del parque residencial en un momento en el que el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de miles de familias en la Comunitat Valenciana.
