Las ayudas contemplan hasta 500 euros para asesoramiento jurídico y 1.500 euros para reparar daños en los inmuebles ocupados

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas económicas destinada a propietarios y usufructuarios de viviendas que hayan sufrido una ocupación ilegal. Las subvenciones permitirán recibir hasta 500 euros para afrontar gastos de asesoramiento legal y otros 1.500 euros para reparar los daños ocasionados en la vivienda.

La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha señalado que la iniciativa pretende ofrecer apoyo jurídico y económico a los propietarios afectados y supone, según ha defendido, «un nuevo paso para garantizar el derecho a la propiedad».

La convocatoria cuenta inicialmente con una dotación de 250.000 euros, aunque la Generalitat contempla la posibilidad de incrementar el presupuesto hasta alcanzar los 750.000 euros si fuera necesario.

¿Quién puede solicitar las ayudas?

Podrán acogerse a estas subvenciones los propietarios o usufructuarios de viviendas situadas en la Comunitat Valenciana que hayan sido objeto de una ocupación ilegal.

Además, los solicitantes deberán cumplir otro requisito: estar empadronados en la Comunitat Valenciana desde al menos un año antes del momento en el que presenten la solicitud.

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre.

Hasta 500 euros para asesoramiento jurídico

Una de las dos modalidades de ayuda está destinada a sufragar los gastos derivados de los servicios profesionales necesarios para afrontar jurídicamente la ocupación.

En este apartado, la Generalitat establece una subvención máxima de 500 euros.

Para acreditar la situación, el interesado deberá presentar documentación que demuestre la ocupación ilegal de la vivienda, que podrá justificarse mediante una denuncia o una demanda, además de aportar los documentos relativos al coste de los servicios profesionales contratados.

Hasta 1.500 euros para reparar los daños

La segunda parte de las ayudas está destinada a hacer frente a los desperfectos ocasionados en las viviendas como consecuencia de la ocupación.

En este caso, los propietarios afectados podrán recibir hasta 1.500 euros para realizar las reparaciones necesarias.

De esta manera, una persona que cumpla los requisitos y pueda acogerse a ambas modalidades podría obtener hasta 2.000 euros entre asistencia profesional y reparación del inmueble.

Qué documentación hay que presentar

Los interesados deberán cumplimentar preferentemente el formulario habilitado en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana y aportar la documentación establecida en la convocatoria.

Entre los documentos exigidos se encuentra la acreditación de la propiedad o del derecho de usufructo de la vivienda, la prueba de que se ha producido una ocupación ilegal y los justificantes correspondientes a los gastos para los que se solicita la subvención.

La fecha límite para completar el procedimiento será el 10 de septiembre de 2026.

Las ayudas forman parte del plan contra la ocupación

La nueva convocatoria se integra en el Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas impulsado por el Consell.

Camarero sostiene que las subvenciones proporcionan a los propietarios «un nuevo instrumento que combina una respuesta jurídica y económica» y que persiguen reforzar la seguridad jurídica y la confianza en el mercado de la vivienda.

La consellera también ha situado dentro de esta estrategia la lucha contra la denominada «inquiocupación», al considerar que ambas situaciones tienen consecuencias sobre los propietarios, la convivencia y el estado de los barrios.

Con esta convocatoria, el Consell pretende ofrecer una respuesta económica directa a quienes tengan que asumir gastos legales o reparaciones después de sufrir una ocupación ilegal de su inmueble.

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Ayudas de hasta 2.000 euros en la Comunitat Valenciana por ocupación ilegal: requisitos y cómo solicitarlas

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Hasta 2.000 euros por una vivienda ocupada: quién puede pedir las nuevas ayudas de la Generalitat

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La Generalitat ofrece ayudas de hasta 500 euros para asesoramiento y 1.500 para reparar viviendas ocupadas ilegalmente. El plazo finaliza el 10 de septiembre.