La Generalitat de Valencia ha anunciado que modificará la Ley de Función Pública con el objetivo de agilizar la cobertura de puestos y reducir la temporalidad. Así se dio a conocer durante la reunión de la Mesa General de Negociación I, que involucra a personal funcionario, estatutario y laboral, celebrada este lunes e informada a los sindicatos.
Nuria Martínez, consellera de Justicia y Administración Pública en funciones, expresó la necesidad de realizar estos cambios para que la administración sea “realista, ágil y a la vanguardia”. Con la modificación se busca acelerar los procesos para cubrir vacantes y garantizar la prestación del servicio público de manera eficiente.
El proyecto de decreto ley de medidas urgentes incluye cambios en varios artículos de la Ley de Función Pública, específicamente en el apartado 6 del artículo 18, el artículo 55, la disposición adicional 32 y la transitoria 13. El propósito del cambio en el artículo 18.6 es asegurar una cobertura inmediata de los puestos vacantes, agilizando la constitución de bolsas de empleo temporal. Esto se logrará considerando únicamente los resultados de los procesos selectivos, ya sea mediante la nota obtenida en las pruebas de acceso libre o mediante nota y experiencia en promoción interna.
La disposición adicional 32 también introduce novedades para facilitar la provisión de puestos en el sector sanitario, enfocándose en servicios sociales del sistema público valenciano y en los centros de evaluación de personas con discapacidad. Se establece un concurso extraordinario de méritos para seleccionar profesionales en medicina, medicina del trabajo y enfermería, asegurando de esta manera la continuidad y calidad en los servicios públicos asistenciales.
Además, se añade una nueva disposición, la 35, que permite aumentar hasta un 20% el número de plazas en las convocatorias de pruebas selectivas. Estas plazas estarán disponibles para el personal funcionario de carrera que aprobó el proceso selectivo, pero no obtuvo un puesto. Martínez comentó que “esta medida mejorará el control de la temporalidad en el empleo público y permitirá planificar eficientemente los procesos selectivos, agilizando la cobertura de vacantes dentro de este 20% adicional sin necesidad de convocar nuevos procesos”.
