La Generalitat Valenciana mantendrá su esfuerzo en promover mecanismos legales que protejan los derechos tanto de los usuarios como de los profesionales del ámbito sanitario. Así lo ha afirmado la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, en el acto inaugural del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar en Alicante.
Martínez destacó la importancia de garantizar el acceso igualitario a la justicia para todos los ciudadanos cuyos derechos puedan verse vulnerados, a pesar de las limitaciones de recursos que enfrenta la comunidad debido a la infrafinanciación estructural.
El congreso, en su octava edición, ha sido escenario de diversos debates centrados en el vínculo entre el derecho y la salud. Se ha resaltado la salud como un derecho universal, abarcando temas como la salud mental, métodos alternativos para resolver controversias sanitarias y las agresiones a profesionales del sector. Asimismo, se han examinado normativas innovadoras como la Ley ELA.
La consellera subrayó que la Ley ELA representa un significativo avance en la mejora de servicios de atención para los afectados por esta enfermedad y sus familias. Sin embargo, Martínez señaló que para la correcta implementación de dicha ley, que corresponde a las comunidades autónomas, sería necesario que el Gobierno de España proporcionara los recursos adicionales necesarios.
Asimismo, criticó la insuficiente financiación por parte del Ejecutivo Central, situación que no es novedosa. Martínez recordó la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, la cual requiere grandes inversiones para adaptar las estructuras judiciales y para la cual tampoco se ha provisto de los fondos necesarios.
Pese a la falta de recursos, la consellera afirmó que el Consell sigue comprometido con brindar una atención sanitaria de calidad a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, así como con garantizar la tutela efectiva de sus derechos y libertades.
