Valencia Noticias | Agencias.- La Guardia Civil mantuvo la condición de investigados (antes llamados ‘imputados’) a los concejales y asesores que ayer fueron a declarar a la comandancia de la Guardia Civil de Patraix, así lo confirma la web rvte y rne..
Alberto Mendoza, Lourdes Bernal y Beatriz Simón y el exedil Silvestre Senent fueron los primeros en salir y señalaron que mantenían dicha condición. Simón y Bernal explicaron hasta que no declaren ante el juez seguirán igual, ya que es el “proceso normal”. Simón aseguró que están “deseando poderlo aclarar” todo, igual que lo han estado “diciendo hasta ahora”. Por su parte, Silvestre Senent, que se encuentra ya jubilado, aseguró, al ser preguntado por si esta investigación judicial sobre corrupción supone una mala situación para el PP valenciano, aseguró que “por supuesto que sí”. La concejala María Ángeles Ramón Llin, señaló a los periodistas tras declarar que “hay secreto de sumario” y se negó a explicar si seguía imputada.
Las citaciones comenzaron sobre las diez de la mañana y se organizaron en grupos de tres, cada 45 minutos.
Además de los concejales y asesores que fueron citados como investigados, comparecieron también como testigos tres asesores del grupo municipal del anterior mandato que, al parecer, no quisieron hacer la donación de mil euros al partido aunque, presuntamente, sí que se les indicó que se les iba a devolver.
Un cuarto asesor que estaría en la misma circunstancia habría declarado el día después de estallar la operación, junto a Alfonso Grau que también compareció ante la UCO poco ante de que lo hicieran Alfonso Novo, Luis Salom y María José Pí.
El hoy diputado Miquel Domínguez, concejal durante el mandato anterior, también fue citado a declarar aunque por error ya que su condición de aforado impide que sea investigado por un juzgado ordinario, solo puede ordenarlo el Tribunal Superior. Cuando la abogada que había acompañado al diputado advirtió de la condición de aforado de Domínguez, la Guardia Civil le pidió mil perdones y le dijo que abandonara la comandancia sin tomarle declaración, obviamente.
La imputación de cualquier aforado haría que Instrucción 18, que ha dirigido con sigilo la investigación desde hace más de un año, hubiera perdido la competencia sobre el caso. Éste es el motivo por el que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no ha sido citada a declarar, pues de hacerlo, el asunto pasaría inmediatamente al Supremo.
Ayer declararon alrededor de una decena. El resto de concejales y asesores serán citados la próxima semana.
Por otra parte, el TSJ confirmó ayer que Alfonso Novo ha sido citado a declarar el próximo miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En la causa hay otros cinco investigados que no fueron arrestados. Todos ellos, entre los que se encuentra Novo, serán citados por el instructor del caso. Novo deberá comparecer por un presunto delito de blanqueo de capitales por estar, junto a María José Pi, autorizado para disponer de la cuenta de la agrupación local del PP. Fuentes del grupo municipal defendieron ayer en un comunicado su absoluta “honradez y honorabilidad” y aseguró que no se acusa a sus miembros por el cobro de comisiones ni adjudicaciones fraudulentas. Insistieron en que no han cometido “jamás ningún acto ilícito” y también en que “no existe ningún tipo de relación o conexión con los hechos por los que se mantiene una investigación abierta relacionada con la empresa Imelsa”.
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