Valencia Noticias | Agencias.- La Guardia Civil ha llevado a cabo varios registros este martes en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Moraleja de Enmedio, en relación con la Operación Púnica. Estaba prevista la detención de dos personas en el transcurso de estos registros, pero ninguna de las dos se ha podido llevar a cabo por razones que aún se desconocen.
Además de los registros, la UCO ha requerido documentación de los consistorios de Madrid, Collado Villabla, Majadahonda, Alcobendas y Coslada -en la Comunidad de Madrid- y de Valencia, Denia, Gandia, Elche y Castellón -en la Comunidad Valenciana-.
Concretamente, los guardias civiles buscaban contratos que los consistorios dieron a empresas relacionadas con esta trama de corrupción municipal y autonómica, una red que se adjudicó contratos públicos de unos 250 millones de euros a lo largo de varios años y que dirigían el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza.
En Valencia, Castellón, Dénia y Gandia, los investigadores han pedido la documentación que hubiera en los ayuntamientos sobre diversas adjudicaciones a sociedades propiedad del empresario considerado “conseguidor” de contratos de la trama, Alejandro de Pedro. La empresa Madiva en los casos de Valencia y Castellón; Eico en el de Gandia; y otra de las sociedades de De Pedro en el de Denia, eran objeto de búsqueda por parte de los agentes.
El pago del contrato con Madiva Editorial en materia de inserción de publicidad se paralizó en su día al inicio de las actuaciones judiciales y sigue suspendido, mientras que el Ayuntamiento de Gandía ha defendido la contratación del empresario por su valía en materia de posicionamiento web.
En Denia, se han entregado a la Guardia Civil facturas por publicidad pagadas en el diarioDénia Aray por mantenimiento de redes sociales, todas abonadas por el consistorio entre 2011 y 2013.
Además de la entrada en los ayuntamientos, el juez Velasco ha ordenado también registrar el edificio Éboli de Pinto, la sede social de varias empresas de Marjaliza, que ya se registró en octubre en la primera fase de la Operación Púnica.
Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la razón para ordenar otra vez el registro de ese edificio es que alguno de los imputados o testigos que han declarado en los últimos meses en relación al caso mencionó que aún podía quedar información de interés en ese inmueble.
El juez ha citado el día 18 de junio a declarar al socio de Granados, único imputado junto con el exconsejero que continúa en la cárcel, para que aclare ciertas operaciones de lavado de dinero en Singapur y con obras de arte en Suiza para blanquear fondos.
La Audiencia Nacional le mantiene en prisión porque cree que, de ponerle en libertad, hay un “elevado riesgo” de que se fugue y destruya pruebas en vista de las líneas de investigación abiertas contra él, entre ellas la de sus más de 150 empresas.
La mayor parte de la instrucción delcaso Púnicasigue bajo secreto de sumario, ya que aún se están analizando los 43 terabytes de información que se confiscaron en los registros de octubre, y el próximo jueves el juez tomará declaración como imputados al “conseguidor” De Pedro y al alcalde en funciones de Sevilla la Nueva, Mario Utrilla.
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