La Guardia Civil analiza un disparo a corta distancia con una pistola de bajo calibre

El asesinato del exalcalde de Gandia, Arturo Torró, sigue rodeado de incógnitas. Según el informe balístico preliminar de la Guardia Civil, la víctima recibió un disparo a corta distancia con un arma de calibre 6,35 o 7,65 milímetros, un tipo de pistola poco habitual en el crimen organizado.

Los investigadores siguen analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la A-38, en el tramo donde se encontró el cuerpo, así como el teléfono móvil de Torró, con la esperanza de dar con pistas que ayuden a esclarecer el crimen.

Un arma inesperada en un asesinato así

Los expertos en criminalística destacan que los sicarios suelen emplear calibres más potentes y armas de mayor precisión, lo que hace que el uso de este tipo de pistola resulte llamativo.

📌 Puntos clave del informe balístico:

• Se utilizó un arma antigua de bajo calibre, que requiere estar muy cerca de la víctima para ser letal.
• Además del disparo, el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento, lo que sugiere un posible forcejeo antes del asesinato.
• En la escena del crimen se halló un cartucho compatible con estos calibres, lo que refuerza la hipótesis de un disparo efectuado a quemarropa.

Los últimos momentos de Torró: una llamada clave

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero, alrededor de las 23:00 horas. Mientras conducía, Torró llamó a su mujer para alertarla de que algo no iba bien. Minutos después, ella misma llegó al kilómetro 37 de la A-38, donde encontró su coche con el motor encendido y su cuerpo tendido en la carretera.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, solo pudieron certificar su fallecimiento.

Torró había recibido amenazas en el pasado, pero sin relación aparente

Fuentes cercanas al caso han confirmado que el exalcalde había denunciado amenazas hace años, aunque por el momento no se ha encontrado un vínculo directo entre esas denuncias y su asesinato.

El exalcalde, que gobernó Gandia entre 2011 y 2015, había sido condenado en 2023 a tres años y medio de prisión por malversación, por irregularidades en la adjudicación de contratos de comunicación en el Ayuntamiento.

La Guardia Civil sigue investigando posibles móviles del crimen, sin descartar ninguna hipótesis por el momento.

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