La Justicia vuelve a tumbar al Ayuntamiento de València por cesar a funcionarios incorporados en la etapa de Ribó

El Ayuntamiento de València suma una nueva derrota judicial en materia de personal. Un juzgado ha ordenado por tercera vez la readmisión de un funcionario incorporado durante el mandato de :contentReference[oaicite:0]{index=0}, al considerar que su expulsión de la administración fue contraria a derecho.

Tercera condena por vulneración de derechos laborales

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de València ha reconocido el derecho del director del Museo Fallero, Gil Manuel Hernández, a ser reintegrado como funcionario de carrera y a ocupar un puesto acorde a su categoría profesional.

La resolución se suma a otras dos sentencias anteriores que ya habían dado la razón a funcionarios en una situación idéntica, consolidando un patrón de decisiones judiciales contrarias a la actuación del consistorio.

Plazas amortizadas sin reubicación legal

Los tres trabajadores afectados procedían de otras administraciones públicas y accedieron al Ayuntamiento de València mediante concurso, el procedimiento ordinario previsto por la ley.

Tras la amortización de sus puestos, el gobierno municipal optó por prescindir de ellos sin ofrecerles una alternativa equivalente dentro de la estructura administrativa, una obligación legal que ahora los tribunales consideran incumplida de forma reiterada.

Compromís denuncia motivaciones políticas

Desde el grupo municipal de :contentReference[oaicite:1]{index=1} se sostiene que estas decisiones no respondían a criterios técnicos ni organizativos, sino a un sesgo político vinculado al momento en que los funcionarios se incorporaron a la administración.

El concejal :contentReference[oaicite:2]{index=2} ha afirmado que los ceses afectaron exclusivamente a personal llegado durante el gobierno anterior y no se han producido en ningún otro ámbito del consistorio.

Críticas a la gestión del área de Personal

Compromís apunta directamente a la concejala de Personal, :contentReference[oaicite:3]{index=3}, como responsable de una política que consideran arbitraria y contraria a los mandatos judiciales.

Según Puchades, la reiteración de sentencias demuestra que la supresión de los puestos carecía de justificación real y que se actuó sin respetar los derechos adquiridos de los trabajadores públicos.

Advertencia por el coste para las arcas públicas

Desde Compromís se reclama al gobierno municipal que no recurra esta tercera sentencia, al considerar que prolongar el litigio solo generará más gastos al erario público sin posibilidades reales de éxito.

También se ha exigido a la alcaldesa, :contentReference[oaicite:4]{index=4}, que asuma responsabilidades políticas si el Ayuntamiento persiste en una estrategia que los tribunales ya han invalidado en tres ocasiones.

Un conflicto que sigue abierto

La nueva resolución judicial refuerza la posición de los funcionarios afectados y deja en una situación comprometida la política de personal del actual gobierno municipal.

A la espera de conocer si el Ayuntamiento acata o recurre la sentencia, el caso se consolida como uno de los frentes judiciales más sensibles heredados del relevo político en València.

Etiquetas: Ayuntamiento de València, funcionarios, Compromís, justicia, personal municipal

Redacción: Redaccion