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La guerra de las pensiones: el decreto ómnibus fracasa y el Gobierno busca un culpable
El rechazo del decreto ómnibus del Gobierno ha abierto una nueva batalla política con un protagonista central: las pensiones. Tras la derrota parlamentaria, Pedro Sánchez ha señalado directamente al Partido Popular, acusándolo de “tomar como rehenes” a los jubilados. Sin embargo, el relato oficial deja fuera un dato clave: Vox y Junts también votaron en contra del decreto.
La aritmética parlamentaria no deja lugar a dudas. El decreto cayó por una suma de votos negativa en la que participaron tres formaciones, pero el Gobierno ha decidido personalizar el conflicto en el PP, reduciendo un problema de mayoría parlamentaria a un enfrentamiento bilateral.
El vídeo de Sánchez y la batalla del relato
Pocas horas después de la votación fallida, Pedro Sánchez difundió un vídeo responsabilizando al Partido Popular. Pero hay un detalle que ha encendido la polémica: el vídeo fue grabado antes de que se produjera la votación.
El reloj del propio presidente del Gobierno delata el momento de la grabación, alrededor de la una de la tarde. El decreto fue rechazado en el Congreso a las 15:21 horas. Para el PP, este hecho demuestra que el relato estaba preparado con antelación, independientemente del resultado y del sentido del voto de otros grupos.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de “mentir y retorcer la realidad”, asegurando que el Partido Popular no se opone a la subida de las pensiones, sino al uso de un decreto ómnibus que mezcla esa medida con otras que no cuentan con consenso.
El fondo del conflicto: el uso político del decreto ómnibus
El PP sostiene que ya advirtió al Gobierno en noviembre de que no aceptaría más decretos “chantaje”, en los que se vincula la revalorización de las pensiones con reformas o decisiones que su partido rechaza. La crítica no es nueva: el decreto ómnibus se ha convertido en una herramienta habitual del Ejecutivo para forzar apoyos parlamentarios a cambio de medidas socialmente sensibles.
Desde la oposición se insiste en una idea central:
subir las pensiones no debería depender de paquetes legislativos heterogéneos, sino tramitarse de forma separada, clara y transparente.
Junts, el actor incómodo que el Gobierno evita señalar
La estrategia del Ejecutivo es clara: poner el foco en el PP y minimizar el papel de Junts, pese a que los de Carles Puigdemont votaron exactamente lo mismo. No es casual. El Gobierno necesita reconstruir puentes con Junts y sabe que señalarlo públicamente complicaría cualquier futura negociación.
La situación recuerda a lo ocurrido el año pasado, cuando un primer decreto ómnibus también fue tumbado por PP y Junts. Entonces, el Ejecutivo logró reconducir la situación y aprobar un nuevo texto, incluso con el apoyo posterior del PP, lo que —según fuentes socialistas— dañó la imagen de Feijóo.
Esta vez, el escenario es distinto. Junts atraviesa una fase de ruptura y tensión máxima con el Gobierno, y se ha convertido en el principal escollo para sacar adelante nuevas iniciativas. Aun así, desde el entorno del Ejecutivo se confirma que ya se trabaja en otro texto, lo que anticipa un nuevo capítulo de la misma estrategia.
Pensiones, mayoría parlamentaria y desgaste institucional
Más allá del cruce de acusaciones, el episodio revela un problema estructural: la fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno y la utilización recurrente de asuntos sensibles —como las pensiones— como arma política.
La pregunta de fondo no es quién tiene la culpa del rechazo, sino por qué una cuestión tan esencial para millones de jubilados depende de equilibrios parlamentarios tan inestables y de decretos que mezclan políticas sin relación directa entre sí.
Mientras el Gobierno intenta imponer su relato y la oposición se defiende del señalamiento, los pensionistas quedan atrapados en una guerra política que vuelve a demostrar hasta qué punto la gobernabilidad depende de pactos frágiles, tiempos calculados y narrativas previamente escritas.
La batalla no ha terminado. El próximo decreto ya está en preparación. Y con él, la guerra por las pensiones volverá al Congreso.