Tal como se viene anunciando, al parecer este viernes en el Consejo de Ministros se podría tratar el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, anteproyecto planteado por el actual Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz e impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy y el PP.
Con esta ley, parece ser que lo que se pretende no es otra cosa que establecer mecanismos administrativos que amordacen a la sociedad para sancionar económicamente las formas más amplias de su protesta, toda vez que en el ámbito penal no han conseguido frenar las protestas y actos de los ciudadanos y ciudadanas contra todo aquello que se entiende como recortes sociales y civiles. Derechos adquiridos durante tantos y tantos años, se pretenden recortar a diario y si en el ámbito penal, el gobierno no logro frenar dichas protestas, parece ser que pretende hacerlo a golpe de talonario.
Se extrae del ámbito de aplicación en la ley 2/92, todo cuanto los tribunales han considerado mediante sus autos y sentencias que no suponen ilícitos penales. Si no suponen ilícitos penales –como a su juicio y hasta la fecha han pretendido tales comportamientos deberían tener calificación penal y no lo es– pretenden encasillarlos en actos sancionables administrativamente por las Delegaciones del Gobierno.
Esta ley, es posible que suponga algo más que “una patada a la puerta”, supone “una patada a la calle”. No poder protestar frente a lo que la sociedad considera un atropello a sus derechos sociales y civiles lleva consigo la “mordaza social” que obliga a comportamientos borregueros, pretendiendo limitar los actos de protesta al dictado del “mandarín”. Actuar como el gobierno quiere, y cuando el gobierno quiere.
Vuelve es espíritu de “la calle es mía”. No es admisible y merece todo el rechazo social democrático, pues supone un nuevo blindaje hacia los políticos que, con privilegios que hasta la fecha y por los tiempos de bonanza nadie les reprochaba. Hoy es tiempo de reproche, pues los ciudadanos y ciudadanos están pasando por el peor momento de sus vidas. Sus derechos sociales y civiles mermados al máximo y con salarios –aquellos que tienen la suerte de tenerlos– por los suelos. Con la sanidad repagada y privatizada. Con la justicia previo pago de tasa. Con la educación bajo el adoctrinamiento partidista.
Con esta ley, caben pocas válvulas de escape que permitan a los ciudadanos y ciudadanas vaciarse de la rabia que llevan dentro, hasta tal punto que se podría presumir de un posible estallido social, con más impuestos, con menos derechos, la sociedad no tendrá mecanismos de poder manifestar su descontento frente al poder gobernante. Supone un engrilletamiento virtual frente la barbarie del poder que repercutirá en sanciones administrativas, supone una sociedad sin mecanismos para la participación democrática de su propia convivencia.
No es necesaria una ley que sancione de forma diferente aquello que ya está previsto en el código penal, quemar contenedores de basura y destrozar el mobiliario público está ya regulado con un acto ilícito penal. Los delitos son delitos y se persiguen de acuerdo con el código penal. Las protestas, son solo eso, protestas. Este gobierno no quiere asumir responsabilidades.
José Ant. Atienza.-
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