Las medidas impulsadas por el Gobierno para limitar el alquiler turístico ya están teniendo consecuencias visibles en la llegada de viajeros extranjeros a España.
Según los últimos datos publicados por el INE y analizados por Hosteltur, durante marzo descendió el número de turistas internacionales que eligieron alojarse en viviendas de alquiler turístico y también cayó el volumen de viajeros hospedados en casas de familiares y amigos. Mientras tanto, los hoteles siguieron creciendo con fuerza y aumentaron un 9% sus cifras.
El cambio coincide con la ofensiva regulatoria iniciada por el Ejecutivo contra los pisos turísticos ilegales y el endurecimiento de los controles sobre plataformas como Airbnb o Booking.
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52.000 viviendas turísticas menos en el mercado
Uno de los datos más llamativos es la fuerte reducción de oferta registrada en apenas unos meses.
Desde la entrada en vigor del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, el número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas cayó un 12,4%, lo que supone unas 52.000 unidades menos en comparación con el año anterior.
El Gobierno defiende que estas medidas buscan:
- combatir el fraude,
- reducir la economía sumergida,
- y aliviar la presión sobre el mercado de vivienda residencial.
Además, el Ministerio de Vivienda notificó este año a las plataformas digitales la existencia de más de 86.000 viviendas turísticas y temporales consideradas ilegales para que retiraran sus anuncios.
Los hoteles ganan terreno
Mientras los pisos turísticos pierden peso, el sector hotelero está absorbiendo buena parte de esa demanda.
Los datos de Frontur muestran que:
- los alojamientos en viviendas de alquiler turístico bajaron un 1,6%,
- las estancias en casas de familiares y amigos descendieron un 10,2%,
- pero los hoteles crecieron un 9% en marzo.
El fenómeno apunta a un cambio progresivo del modelo turístico español, donde parte de los viajeros vuelve a depender del alojamiento reglado ante las dificultades crecientes para encontrar pisos vacacionales legales.
Comunidad Valenciana, entre las más afectadas
La Comunitat Valenciana aparece entre las autonomías con mayor número de registros turísticos revocados o denegados.
Según los datos citados por Hosteltur:
- Andalucía lidera el ranking,
- seguida por la Comunitat Valenciana,
- y Canarias.
Esto afecta especialmente a ciudades y zonas costeras donde el alquiler vacacional se había convertido en una pieza fundamental de la oferta turística:
- Valencia,
- Benidorm,
- Alicante,
- Gandia,
- Cullera,
- Peñíscola,
- o Torrevieja.
En muchos municipios turísticos existe preocupación porque una reducción brusca de plazas vacacionales podría terminar afectando:
- al número de visitantes,
- al gasto turístico,
- y a pequeños propietarios que dependían de esos ingresos.
El Gobierno defiende que hay que “frenar la burbuja”
El Ejecutivo sostiene que el objetivo principal no es perjudicar al turismo, sino recuperar vivienda residencial y controlar el crecimiento descontrolado de pisos turísticos.
España fue además el primer país de la Unión Europea en implantar un sistema estatal de registro único obligatorio para alquileres de corta duración.
La presión política sobre plataformas como Airbnb se ha intensificado:
- multas millonarias,
- retirada de anuncios,
- controles cruzados de licencias,
- y nuevas obligaciones fiscales.
Incluso se estudia que determinados alquileres turísticos pasen a tributar con IVA como actividad económica similar a la hotelera.
Récord turístico… pero con otro modelo
Paradójicamente, todo esto ocurre mientras España sigue batiendo récords turísticos.
El primer trimestre de 2026 cerró con 17,5 millones de turistas extranjeros y más de 25.000 millones de euros de gasto turístico, las cifras más altas registradas hasta ahora.
Sin embargo, el crecimiento ya no se reparte igual entre todos los tipos de alojamiento.
El nuevo escenario parece favorecer:
- hoteles,
- cadenas profesionales,
- apartahoteles regulados,
- y grandes operadores turísticos.
Mientras tanto, el alquiler vacacional entra en una nueva etapa marcada por:
- inspecciones,
- registros obligatorios,
- sanciones,
- y una fuerte inseguridad jurídica en muchas ciudades españolas.
El gran debate ahora es si esta ofensiva conseguirá realmente bajar el precio de la vivienda… o si terminará reduciendo parte de la oferta turística que durante años ayudó a sostener el crecimiento del sector en España.
