La reforma del copago farmacéutico impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un nuevo enfrentamiento político en el Congreso después de que el decreto saliera adelante gracias a la abstención del PP, Junts y ERC. La medida introduce nuevos tramos de aportación en medicamentos y fija por primera vez límites mensuales para distintos colectivos, incluidos los inmigrantes en situación irregular.
| Tramo de renta anual | Copago farmacéutico | Tope mensual aproximado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Menos de 9.000 € | 40% | 8,23 € | Incluye también a inmigrantes irregulares según la nueva regulación |
| Entre 9.000 € y 17.999 € | 40% | 18,52 € | Nuevo tramo intermedio creado por la reforma |
| Entre 18.000 € y 34.999 € | 45% | 61,75 € | Uno de los puntos más criticados por la oposición |
| Entre 35.000 € y 99.999 € | 50% | 70-75 € aprox. | Aumenta progresivamente según renta |
| Más de 100.000 € | 60% | Sin apenas límite | Tramo de mayor aportación |
| Pensionistas con rentas bajas | 10% | Límites reducidos | Mantienen protección especial |
| Inmigrantes irregulares | 40% | 8,23 € | El Gobierno fija por primera vez un límite mensual específico |
Fuentes oficiales y medios especializados:
El Congreso convalidó este jueves el Real Decreto-ley con 164 votos a favor, 33 en contra y 149 abstenciones. El Ejecutivo defendió la reforma como una medida destinada a “reforzar la equidad” y evitar que pacientes crónicos abandonen tratamientos por motivos económicos.
La polémica se ha centrado especialmente en el nuevo sistema de topes mensuales para personas extranjeras “no registradas ni autorizadas como residentes en España”, es decir, inmigrantes en situación administrativa irregular. Según el texto legal, este colectivo mantendrá un copago del 40% del precio de los medicamentos, pero con un límite máximo de 8,23 euros al mes.
Ese mismo límite se aplicará también a trabajadores con rentas inferiores a 9.000 euros anuales y pensionistas con ingresos bajos. Sin embargo, el nuevo modelo establece topes más elevados para otros tramos salariales. Así, quienes ganen entre 9.000 y 17.999 euros tendrán un límite de 18,52 euros mensuales, mientras que las rentas de entre 18.000 y 34.999 euros asumirán un máximo de 61,75 euros al mes.
Esta diferencia ha sido utilizada por VOX para denunciar que “un trabajador español puede acabar pagando más que un inmigrante ilegal”. Durante el debate parlamentario, el diputado Pablo Sáez acusó al Gobierno de “tratar desfavorablemente a los españoles e inmigrantes legales” frente a quienes se encuentran irregularmente en el país.
El Partido Popular optó finalmente por abstenerse. Los populares calificaron el decreto de “chapuza” y criticaron su complejidad técnica y la falta de coordinación con las comunidades autónomas, aunque evitaron votar en contra para no bloquear la reforma.
Desde el Ministerio de Sanidad defienden que la medida no busca favorecer a ningún colectivo concreto, sino adaptar el sistema a la capacidad económica real de los pacientes y mejorar la adherencia a tratamientos médicos, especialmente en personas con enfermedades crónicas o polimedicadas. El Gobierno estima un impacto presupuestario de 265,63 millones de euros.
La controversia llega además en un momento de fuerte tensión política sobre inmigración y acceso a servicios públicos. La inclusión de inmigrantes irregulares dentro de los nuevos límites farmacéuticos ha reabierto el debate sobre el alcance de la sanidad universal y sobre quién debe asumir el coste económico del sistema sanitario.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma corrige desigualdades y protege a las rentas más vulnerables, la oposición acusa al Gobierno de generar agravios comparativos entre contribuyentes españoles y personas sin residencia legal. El choque político promete mantenerse en las próximas semanas, especialmente cuando las comunidades autónomas comiencen a aplicar el nuevo modelo de copago farmacéutico.
