La regularización masiva aún no ha arrancado oficialmente y ya está generando caos, improvisación administrativa y escenas impropias de un Estado que presume de control y planificación. Antes incluso de que se abra el plazo, el sistema empieza a mostrar grietas graves.
El ejemplo más evidente se vive en la embajada de Pakistán en Barcelona, donde se atiende a alrededor de mil personas cada día que intentan adelantarse a uno de los requisitos clave del proceso: el certificado de antecedentes penales. La avalancha ha obligado a ampliar horarios, abrir fines de semana y, lo más llamativo, cortar un carril de la calle con intervención policial para gestionar las colas.
Todo esto, antes de abril. Antes de que exista una sola solicitud formal.
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Un proceso que nace sin capacidad real para gestionarse
La regularización exige acreditar la inexistencia de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen. Sobre el papel, un requisito lógico. En la práctica, una bomba burocrática.
Certificados que deben solicitarse en el país de origen, legalizarse, enviarse a España y volver a validarse aquí. Un proceso que puede tardar meses y que ninguna administración ha dimensionado correctamente, ni en personal, ni en tiempos, ni en impacto urbano.
El resultado es el que ya se está viendo: embajadas colapsadas, funcionarios desbordados y ciudadanos haciendo cola desde la madrugada para intentar no quedarse fuera.
La “solución”: rebajar controles
Ante el atasco evidente, desde el entorno gubernamental ya se desliza una idea inquietante: sustituir el certificado de antecedentes por una declaración responsable, o que sea el propio Estado español quien solicite la información al país de origen si este no responde.
Traducido:
si no hay papeles, no pasa nada.
si no llegan a tiempo, se flexibiliza.
si el país no colabora, se mira hacia otro lado.
Una propuesta que rompe con más de dos décadas de consenso en política migratoria y que convierte un requisito básico de seguridad jurídica en un mero trámite declarativo.
Improvisación política, consecuencias reales
Lo que se está viendo no es un problema técnico puntual, sino el resultado de una decisión política tomada sin red. Sin refuerzos consulares suficientes. Sin coordinación real con países de origen. Sin prever el efecto llamada administrativo que iba a producirse incluso antes de abrir el plazo.
Mientras tanto, policías regulando colas, vecinos afectados por cortes de tráfico y administraciones locales asumiendo impactos que no han decidido.
El aviso ya está ahí
Si con una sola embajada ya se atiende a mil personas diarias, ¿qué ocurrirá cuando el proceso se generalice? ¿Cuántas sedes consulares más colapsarán? ¿Cuántas excepciones más se introducirán “por necesidad”?
La regularización aún no ha comenzado, pero el mensaje es claro:
el sistema no estaba preparado.
Y cuando un proceso nace desbordado, lo habitual no es que se enderece, sino que se rebajen las exigencias para que encaje a la fuerza.
Esto no es una alerta futura.
Es un problema presente.
Y solo acaba de empezar.
La regularización masiva anunciada por el Gobierno empieza a generar tensiones visibles antes incluso de que se abra el plazo oficial. Uno de los primeros focos de saturación se está produciendo en el consulado de Pakistán en Barcelona, donde se atiende ya a unas mil personas al día que intentan adelantar trámites clave para poder acogerse al proceso.
Según ha reconocido el propio cónsul general, Murat Ali Wazir, la avalancha de solicitantes ha obligado a ampliar horarios, abrir fines de semana y establecer jornadas ininterrumpidas desde las ocho de la mañana, ante el volumen de personas que buscan obtener la documentación exigida.
El cuello de botella: los antecedentes penales
El principal problema está en uno de los requisitos centrales de la regularización: acreditar la ausencia de antecedentes penales. Para miles de personas esto implica un recorrido burocrático complejo que comienza en su país de origen.
En el caso de Pakistán, el proceso exige:
- Solicitar el certificado de antecedentes penales en el país de origen
- Validarlo ante el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní
- Remitir el documento a España
- Legalizarlo nuevamente en territorio español
Todo ello antes incluso de iniciar el trámite de regularización en sí.
Ante la previsión de que el plazo oficial —previsto entre abril y junio— no sea suficiente para completar este itinerario, los solicitantes se están adelantando en masa, generando escenas de colapso en la vía pública.
Calles cortadas y dispositivos policiales
La presión ha llegado a tal punto que en los alrededores del consulado se ha tenido que cortar un carril de circulación, con intervención de la Guardia Urbana de Barcelona, para poder organizar las colas y garantizar la seguridad.
Las imágenes muestran largas filas desde primera hora de la mañana, con personas esperando durante horas para poder acceder a un trámite imprescindible para regularizar su situación administrativa.
La propuesta que enciende la polémica: declaración responsable
Para desbloquear esta situación, desde el ámbito gubernamental se ha planteado una alternativa controvertida: permitir que, si un país no emite el certificado de antecedentes, el solicitante pueda sustituirlo por una declaración responsable.
Según este planteamiento, si el documento no llega, sería el propio Estado español quien asuma la gestión diplomática con el país de origen o, en su defecto, acepte la declaración firmada por el interesado afirmando no tener antecedentes penales.
La medida ha generado una fuerte polémica política y jurídica, al considerarse por parte de sectores críticos como una rebaja de garantías en un proceso que afecta a miles de personas.
Ruptura de un consenso de décadas
Los detractores de esta fórmula denuncian que se está rompiendo un consenso migratorio de más de veinte años, basado en controles documentales claros y verificables. A su juicio, el cambio no responde a una necesidad técnica, sino a cálculos políticos y aritmética parlamentaria.
“Es un ejemplo claro de irresponsabilidad política”, señalan voces críticas, que alertan de que la improvisación administrativa está trasladando el problema a consulados, calles y funcionarios, antes incluso de que la regularización haya comenzado oficialmente.
Un anticipo de lo que viene
Lo que está ocurriendo en el consulado de Pakistán puede ser solo el primer aviso. Si el proceso se replica en otras representaciones diplomáticas, el sistema podría enfrentarse a un colapso generalizado, con retrasos, inseguridad jurídica y una presión añadida sobre los servicios públicos.
La regularización aún no ha empezado, pero sus efectos ya se dejan sentir. Y lo hacen, de momento, en forma de colas, saturación y decisiones políticas que prometen seguir alimentando el debate.
