La Conselleria de Vivienda ha detectado carencias relevantes en parte de los expedientes correspondientes a la promoción de Vivienda de Protección Pública (VPP) de la playa de San Juan, en Alicante, actualmente bajo investigación judicial. En varios casos faltan datos esenciales sobre la situación patrimonial de los beneficiarios, especialmente información relacionada con los bienes e ingresos de sus cónyuges.
Según ha confirmado el departamento autonómico, estas deficiencias han aparecido durante la revisión exhaustiva de los 140 expedientes de adjudicación, una auditoría interna iniciada tras las sospechas de irregularidades en al menos cinco viviendas. La Fiscalía de Alicante mantiene abiertas diligencias tras las denuncias presentadas por la Generalitat, el Ayuntamiento y distintos grupos políticos.
Expedientes tramitados por un mismo funcionario
Uno de los elementos que más preocupa a Vivienda es que todos los expedientes con anomalías comparten un mismo patrón: fueron tramitados y supervisados por el funcionario de la dirección territorial que ha sido apartado de sus funciones de manera cautelar.
En algunos casos, los solicitantes declaraban un régimen de separación de bienes, pero no se incorporaba al expediente la información económica del cónyuge, un dato obligatorio para verificar si se cumplen los requisitos de acceso a una vivienda protegida. Esta misma ausencia documental se detectó en el expediente de la pareja del funcionario investigado, lo que motivó la apertura de un expediente disciplinario.
La vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado que la revisión se está realizando “caso por caso y con el máximo rigor” y ha advertido de que cualquier nueva irregularidad será trasladada a la Fiscalía.
Posibles operaciones especulativas bajo la lupa
Durante la investigación, la Conselleria también ha confirmado la existencia de una solicitud de venta de una de las viviendas protegidas y otras tres peticiones para alquilarlas. Todas estas operaciones están sujetas a condiciones estrictas, por lo que se están analizando para descartar un uso especulativo.
Ante este escenario, Vivienda estudia ejercer el derecho de retracto si se detecta un incumplimiento de la normativa, lo que permitiría a la administración recuperar las viviendas al precio original para mantenerlas dentro del parque público protegido.
Cambios en el sistema de adjudicación
Más allá del caso concreto de Alicante, el Consell ha anunciado que introducirá cambios estructurales en los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida. Entre las medidas previstas figuran un mayor control documental, la creación de comisiones de evaluación para evitar que el proceso dependa de un solo técnico, la tramitación completamente telemática y la publicación de los listados de demandantes por promoción.
Desde la Conselleria insisten en que el objetivo es reforzar la transparencia y garantizar que el acceso a la vivienda protegida se produzca en condiciones de igualdad, sin privilegios ni interferencias, y aseguran que se actuará “caiga quien caiga” si se confirman responsabilidades administrativas o penales.
