La sentencia contra García Ortiz considera probada la filtración del correo del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo concluye que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o alguien de su entorno actuó con su conocimiento al filtrar el correo clave sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y al publicar una nota de prensa que vulneró la confidencialidad. El tribunal aprecia un delito de revelación de secretos tanto en la filtración inicial como en la difusión posterior del comunicado.

Madrid, 9 de diciembre de 2025

El Supremo ve una filtración realizada “por él o por alguien de su entorno”

La sentencia, hecha pública este martes, sostiene que García Ortiz estuvo implicado en la filtración a la Cadena SER del correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales relacionados con la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

Para el tribunal, existe un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” que acredita que el ex fiscal general medió en la filtración y que no existe una explicación alternativa razonable.

Una unidad de acción: del correo filtrado a la nota de prensa

La Sala considera que la filtración se produjo en dos momentos conectados: primero con el envío del correo electrónico y después con la nota informativa publicada por la Fiscalía, que respondía a un rumor difundido por el jefe de gabinete de Ayuso.

Según la sentencia, “la nota consolida la filtración iniciada por el correo; en realidad la oficializa”. Los magistrados subrayan que incluso si algunos datos ya eran conocidos públicamente, el fiscal general mantenía la obligación de confidencialidad.

Condena: inhabilitación, multa e indemnización

La resolución se hace pública tres semanas después de que el tribunal anunciara su decisión de condenar a García Ortiz a:

• Dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos relacionados con la Fiscalía.
• Multa de 7.200 euros.
• Indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.

García Ortiz dimitió el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de que se comunicara el dictamen. El Gobierno propuso a la fiscal de sala del Supremo Teresa Peramato como candidata a ocupar la Fiscalía General.

El tribunal defiende el secreto profesional de los periodistas

La sentencia recalca el “exquisito respeto” hacia el secreto profesional de los periodistas y no cuestiona ni la credibilidad de los informadores ni la veracidad de los testimonios presentados. La Sala insiste en que el conocimiento público de determinados datos no libera al fiscal general de la obligación legal de confidencialidad.

Dos votos discrepantes: no ven pruebas suficientes

Junto al fallo mayoritario, la resolución incluye un voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que consideran que los indicios señalados por el tribunal no permiten llegar a un juicio de culpabilidad sin dudas razonables.

Las magistradas defienden la absolución al estimar que la sentencia mayoritaria no demuestra que García Ortiz filtrara el correo ni que la nota informativa revelara datos indebidamente reservados. Además, estiman “creíbles” y “fiables” las declaraciones de los periodistas que aseguraron haber obtenido la información por otras vías.

El contexto: desmentir una acusación pública

El voto discrepante sostiene que la nota informativa buscaba desmentir la acusación de que la Fiscalía habría pactado con el investigado y retirado después el acuerdo por presiones políticas, una acusación que califican de falsa y procedente de un poder público.

Para Ferrer y Polo, la Fiscalía tenía la obligación legal de aclarar que esa actuación ilícita no había tenido lugar, y entienden que el contenido del comunicado no aportaba datos confidenciales adicionales a los ya conocidos.

Una sentencia que marcará un precedente

La resolución del Supremo abre un debate jurídico sobre los límites de la información institucional, la transparencia y el secreto profesional dentro de la Fiscalía. Mientras el fallo mayoritario considera que se cruzó la línea de lo penal, la minoría cree que el tribunal ha estirado los indicios más allá de lo razonable.

El caso continuará generando discusión en el ámbito judicial y político, especialmente por la relevancia institucional del cargo afectado.

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