La Guardia Civil se presentó el 30 de abril en el Ayuntamiento de Valencia para solicitar documentación y expedientes de la Fundación Valencia Activa, entidad municipal creada para fomentar el empleo y el emprendimiento. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) exigieron los estatutos actualizados, los certificados de las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento desde 2005, y los certificados de los patronos y directivos desde su creación.
La investigación se centra en la gestión del concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, al frente de Valencia Activa, y en los contratos firmados con empresas como Imedes y Next Services 2000. La Fiscalía mantiene una investigación abierta por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Además de esta documentación, y según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, la Guardia Civil también solicitó expedientes relacionados con el periodo en el que el Rialto estuvo al mando del Ayuntamiento, gobernado por la coalición Compromís-PSPV con Joan Ribó como alcalde.
La actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien es esposa de uno de los responsables de Imedes, dirigía Valencia Activa durante la firma de parte de los documentos requeridos por la Guardia Civil. De gestión de 2021, la UCO ha solicitado al menos 11 documentos, la mayoría firmados por Javier Mateo, entonces subdirector de Emprendimiento de la Fundación y ahora concejal socialista. Estos documentos incluyen desde informes de necesidad hasta pliegos de prescripciones técnicas y resoluciones presidenciales.
Del año 2022 también se ha solicitado documentación extensa, en la misma línea que la del año anterior, incluyendo resoluciones firmadas por Bernabé, por importes superiores a 166.000 euros. La Guardia Civil también se incautó de documentos relacionados con el final del mandato de Rialto, cuando Javier Mateo dejó el cargo para ser concejal, y de la legislatura actual con Juanma Badenas bajo escrutinio.
Valencia Activa fue supervisada por la socialista Sandra Gómez y luego por Pilar Bernabé durante el gobierno del Botánico. La Intervención General del Ayuntamiento ya había observado irregularidades en la gestión durante el mandato de Rialto, incluyendo contrataciones irregulares de personal y fragmentación de contratos, lo que resultó en un informe de auditoría desfavorable. Posteriormente, el PP solicitó una comisión de investigación.
La auditoría también descubrió pagos de alquileres por encima del mercado y contrataciones de directivos no previstos en los Estatutos de la Fundación, además de incrementos salariales del 26,6% a trabajadores, que en 2019 llevaron al alta de 23 empleados, uno fijo y 22 temporales, muchos de los cuales no corresponden con los puestos previstos.
La UCO también requirió el nombramiento de Javier Mateo como subdirector de Emprendimiento, una decisión cuestionada por la Intervención municipal y la Agencia Valenciana Antifraude. Esta última abrió una investigación por supuestas irregularidades en la contratación de dos subdirectores de Valencia Activa, Mar Marín y Javier Mateo, quienes obtuvieron el puesto sin seguir presuntamente el proceso legal en cuanto a publicidad y concurrencia. Marín y Mateo fueron contratados en 2017 y 2018, y más tarde integraron la lista electoral del PSPV.
Antifraude coincidió con el área de Intervención del Ayuntamiento de Valencia en que estos nombramientos no atendieron a principios de mérito y capacidad ni se aplicaron procedimientos que garantizaran la publicidad y concurrencia. Mar Marín, exsecretaria general de Joves Socialistes, ocupó un puesto en la candidatura socialista al Ayuntamiento en 2019, mientras que Javier Mateo ocupó el cargo de subdirector antes de ser concejal del PSPV.
