La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en el Ayuntamiento de Valencia el 30 de abril para solicitar documentación relacionada con la Fundación Valencia Activa, una entidad municipal dedicada a fomentar el empleo y el emprendimiento. Los agentes pidieron los estatutos actualizados, certificados de aportaciones del Ayuntamiento desde 2005 y documentos sobre los patronos y órganos directivos desde su creación.
La investigación se centra en la gestión de Juan Manuel Badenas, concejal de Vox, al frente de Valencia Activa y en los contratos firmados con empresas como Imedes y Next Services 2000. La Fiscalía está investigando posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil también solicitó expedientes de la época del gobierno del Rialto en el Ayuntamiento, liderado por la coalición Compromís-PSPV y con Joan Ribó como alcalde. Durante este periodo, Pilar Bernabé, actualmente delegada del Gobierno y esposa de uno de los responsables de Imedes, estaba a cargo de Valencia Activa. Parte de la documentación solicitada por la Guardia Civil corresponde a su gestión.
La UCO solicitó 11 documentos del año 2021, la mayoría firmados por el entonces subdirector de Emprendimiento de la Fundación, Javier Mateo, ahora concejal socialista. Estos documentos incluyen informes de necesidad de medios, pliegos de prescripciones técnicas y resoluciones de presidencia. También se requirió documentación de 2022, con informes de necesidades y de crédito, firmados por Mateo antes de unirse al grupo municipal. Además, se pidieron memorias de contratos de servicio con agencias de comunicación.
Entre la documentación de 2022 solicitada, hay resoluciones firmadas por Pilar Bernabé, incluyendo una por más de 166.000 euros. También se recopiló información sobre la etapa final del Rialto antes de que Mateo se convirtiera en concejal, y la actual legislatura, en la que Juanma Badenas es el foco de investigación.
Valencia Activa, durante el gobierno del Botánico, estuvo bajo la supervisión de Sandra Gómez y luego de Pilar Bernabé. La Intervención General del Ayuntamiento había señalado irregularidades en la gestión de la Fundación durante el mandato del Rialto, como contrataciones irregulares y fraccionamiento de contratos, lo que llevó a un informe de auditoría desfavorable. Ante esto, el PP solicitó una comisión de investigación.
La auditoría reveló pagos excesivos de alquileres y contrataciones de directivos no contempladas en los estatutos, así como incrementos salariales del 26,6%, correspondientes al alta de 23 trabajadores no previstos en la estructura de la Fundación.
La UCO también pidió el expediente del nombramiento de Javier Mateo como subdirector de Emprendimiento, cuestionado por la Intervención municipal y la Agencia Valenciana Antifraude, que investigó presuntas irregularidades en la contratación de Mateo y Mar Marín sin seguir el proceso legal. Ambos fueron contratados en 2017 y 2018 y luego formaron parte de la lista electoral del PSPV.
Antifraude y la Intervención coincidieron en que los nombramientos no respondieron a principios de mérito y capacidad, ni se aplicaron procedimientos que garantizaran publicidad y concurrencia. Mar Marín, exsecretaria general de Joves Socialistes, ocupó el puesto de subdirectora y fue parte de la candidatura del PSPV al Ayuntamiento. Mateo transitó por Valencia Activa antes de ser concejal del PSPV.
