La organización agraria La Unió ha reiterado su demanda de establecer mecanismos de reciprocidad en los estándares de producción para los productos importados. Según los datos del sistema europeo de alertas alimentarias, el primer trimestre de este año ha registrado un incremento del 11% en las interceptaciones de frutas y hortalizas procedentes de países terceros que contienen materias activas no autorizadas o que superan el Límite Máximo de Residuos (LMR) permitido en la Unión Europea.
Las interceptaciones han pasado de 226 el año pasado a 251 este año, lo que evidencia un empeoramiento de la situación. La Unió critica la inacción de las autoridades comunitarias, pese a los datos y las constantes denuncias de la organización. En concreto, el mes de marzo ha mostrado un agravamiento de esta tendencia, con interceptaciones que aumentaron de 83 en 2024 a 94 en 2025, un 13% más.
En cuanto a los cítricos, durante el primer trimestre del año se registraron 28 interceptaciones, 11 de las cuales ocurrieron en marzo. El 64% de los rechazos durante estos meses provinieron de Egipto, país cuyas exportaciones de naranjas al mercado europeo compiten con las locales a precios muy bajos.
Las materias activas rechazadas no están autorizadas para los productores de la UE o superan el LMR permitido, lo cual representa una competencia desleal y un posible riesgo sanitario para los consumidores, según La Unió. Ante esta situación, la organización ha propuesto a la Comisión Europea que se incremente al 50% el control de identidad y físico de frutas y hortalizas de países con altos números de interceptaciones, como Turquía y Egipto. Además, solicita que estas medidas se extiendan a un año y que se cierren importaciones si se detecta un aumento del 5% en alertas de algún producto durante este periodo.
Carles Peris, secretario general de La Unió, subraya la necesidad de implementar mecanismos de reciprocidad en los estándares de producción de los productos importados y europeos. Critica la falta de cláusulas espejo y compromisos sobre la reducción de materias activas en terceros países, en contraste con la política comunitaria. Peris concluye que si determinadas sustancias son perjudiciales en la UE, lo mismo debería aplicarse a los productos importados que las contienen.
