Alicante, 26 de mayo.
El consejo de gobierno de la Universidad de Alicante (UA) ha llevado a cabo su reunión ordinaria mensual, en la que ha aprobado el nuevo reglamento para la creación y funcionamiento de las cátedras institucionales de la universidad. Según el secretario general de la UA, Josep Ochoa, la normativa actualizada busca “adaptar” esta figura a las nuevas realidades, destacando el creciente interés del entorno socioeconómico por colaborar con la universidad. Este cambio permitirá tanto un aumento cuantitativo de las cátedras como una mayor diversidad en sus características.
Ochoa ha señalado la necesidad de modernizar el marco regulatorio para facilitar la creación y gestión flexible de las cátedras. Ha subrayado que estas sirven para establecer colaboraciones estables entre la UA y diversas entidades, mediante aportaciones económicas, promoviendo relaciones estratégicas beneficiosas para ambas partes en cuanto a investigación, formación y transferencia de conocimiento.
Además, ha aclarado que las cátedras no corresponden a contratos de transferencia ni a proyectos financiados con fondos públicos, sino que dependen directamente de la Dirección de Proyectos Institucionales.
El nuevo reglamento clasifica las cátedras en tres tipos: institucionales, de empresa y de mecenazgo. Las institucionales se centran en programas de cooperación en áreas científico-técnicas de interés común, principalmente enfocadas en actividades de formación e investigación. Las cátedras de empresa buscan cumplir objetivos en formación y divulgación en áreas de interés mutuo. Por último, las cátedras de mecenazgo surgen de aportaciones económicas de entidades colaboradoras para promover conocimiento en áreas de amplio interés social.
El reglamento establece los requisitos para su creación, estructura interna y funcionamiento, contemplando un mínimo de financiación anual de 30.000 euros para cátedras institucionales o de empresa y 10.000 euros para las de mecenazgo.
De manera adicional, el consejo aprobó por unanimidad la investidura de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, como doctora ‘honoris causa’. La propuesta, proveniente del departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y respaldada por la Junta de Facultad de Derecho, fue defendida por el secretario general y reafirmada por el decano de Derecho, Jaume Ferrer, quien destacó el carácter pionero de Casas y su contribución significativa en España.
