Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin sanciones

Los dispositivos entrarán en funcionamiento sin poder multar

Las cámaras instaladas para controlar el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia comenzarán a activarse el próximo lunes, aunque lo harán sin aplicar sanciones. La ordenanza reguladora, necesaria para multar a los vehículos que no cumplan los requisitos ambientales, sigue pendiente de aprobación tras el desacuerdo político en el pleno municipal.

La concejala Paula Llobet confirmó que, pese a la falta de ordenanza, el servicio debía activarse el 1 de diciembre porque así estaba contratado. «Si no hay ordenanza, no se puede multar», señaló la edil, que ejerció como portavoz tras la Junta de Gobierno Local.

Objetivo: recopilar datos sobre la movilidad en la ciudad

Mientras no exista capacidad sancionadora, las cámaras —más de 400 distribuidas por distintos accesos de la ciudad— se dedicarán a monitorizar el tráfico. Su función será identificar el paso de vehículos, registrar su etiqueta ambiental y elaborar estudios estadísticos sobre los patrones de movilidad.

Estos análisis permitirán evaluar el parque móvil actual y medir el impacto de futuras medidas de movilidad sostenible, como la ampliación del transporte público, nuevos carriles bici o mejoras en la accesibilidad peatonal.

El bloqueo político complica la aprobación de la ordenanza

La falta de acuerdo entre el Partido Popular, Vox y la oposición (PSPV y Compromís) impidió aprobar la ordenanza en los plazos previstos. Llobet insistió en que su partido «cumplió con todos los trámites y presentó la normativa en tiempo y forma», acusando a la oposición de bloquear el proceso.

Además, criticó la convocatoria de un pleno extraordinario para el lunes sin haber retomado las negociaciones, y aseguró que el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, intentó alcanzar un pacto en «numerosas ocasiones» con los otros grupos.

Fondos europeos en riesgo

Entre las preocupaciones está la posibilidad de perder hasta 150 millones de euros en fondos europeos vinculados a la implantación de la ZBE. Llobet matizó que se trata de una «valoración de máximos» y que la interpretación final depende del Gobierno central.

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