La okupación de viviendas no es una percepción, ni un bulo, ni una exageración interesada. Es un fenómeno que deja huella en el mercado inmobiliario y que puede medirse con datos públicos. Y esos datos sitúan a la Comunidad Valenciana entre las zonas de España donde el problema tiene un mayor impacto real.
Según los registros del último trimestre de 2025, más de una de cada diez viviendas okupadas que se venden en España están en esta comunidad. No hablamos de denuncias vecinales ni de estadísticas policiales: se trata de inmuebles anunciados abiertamente como okupados por sus propios propietarios en portales inmobiliarios.
Un problema que crece mientras se niega
En solo tres meses, el número de viviendas okupadas a la venta en España creció casi un 5 %, superando las 24.000. Es una evolución sostenida que choca de frente con el discurso político que insiste en minimizar o negar la existencia del fenómeno.
La clave está en entender qué miden estos datos: solo la parte visible del problema. Es decir, aquellos propietarios que, agotados por los plazos judiciales y la inseguridad jurídica, optan por vender su vivienda aun sabiendo que no pueden disponer de ella. La mayoría de pisos okupados ni siquiera llega al mercado y, por tanto, no aparece reflejada en estas cifras.
Alicante, uno de los epicentros del fenómeno
Dentro de la Comunitat Valenciana, Alicante destaca por volumen y por evolución. A finales de 2025 había más de 1.400 viviendas okupadas en venta, tras un incremento trimestral de dos dígitos. Es una de las provincias españolas con mayor número absoluto de inmuebles en esta situación.
Aunque porcentualmente estas viviendas representan en torno al 1,6 % del total de la oferta, el dato no es menor si se tiene en cuenta que el mercado alicantino ya está tensionado por la falta de vivienda y el encarecimiento de precios.
En la ciudad de Alicante, el número se mantiene estable, mientras que en Valencia se ha producido un descenso significativo. Castellón presenta cifras más bajas, pero el patrón común es claro: la okupación existe y condiciona decisiones económicas reales.
Cuando vender es rendirse
Detrás de cada anuncio de “vivienda okupada” hay, en muchos casos, pequeños propietarios con una o dos viviendas que han decidido no iniciar —o abandonar— un proceso judicial largo, costoso e incierto. El resultado es un mercado paralelo de pisos con fuertes descuentos, que algunos ya consideran un nuevo producto de inversión.
Expertos del sector advierten de que este tipo de anuncios no son una anomalía puntual, sino una señal de que el problema se ha normalizado dentro del ecosistema inmobiliario.
El contraste entre datos y discurso
Mientras algunos responsables políticos aseguran que la okupación “no existe” o que se trata de casos aislados, las cifras contradicen ese relato. Más de 24.000 viviendas anunciadas como okupadas en España no responden a una etiqueta ideológica, sino a una realidad económica tangible.
En determinados barrios de Alicante, además, vecinos alertan de la aparición de redes informales que intermedian en pisos vacíos, cobrando cantidades elevadas por facilitar el acceso a viviendas ocupadas ilegalmente. Un escenario que poco tiene que ver con situaciones de emergencia habitacional y que alimenta la sensación de desprotección.
Un debate que ya no admite atajos
La okupación no es homogénea en todo el país, pero negar su existencia no la hace desaparecer. Los datos de la Comunitat Valenciana, y especialmente de Alicante, muestran que se trata de un fenómeno con impacto directo en el mercado, en los barrios y en la seguridad jurídica de los propietarios.
Frente a los relatos simplistas, las cifras dibujan una realidad incómoda: la okupación forma parte del problema estructural de la vivienda y exige respuestas basadas en hechos, no en consignas.
