Un estudio revela que su gravedad se intensifica ante el hecho de que cada año 500 mil niñas y adolescentes mexicanas, entre los 10 y los 19 años, se embarazan
Agencia ID/DICYT En la última década se han registrado avances en las políticas de salud sexual y reproductiva para las mujeres, las cuales contemplan, por ejemplo, el uso de distintos métodos anticonceptivos. Sin embargo, lo concerniente a los lineamientos para garantizar el acceso oportuno a la interrupción legal del embarazo (ILE) en todas las entidades federativas, está lejos de cumplirse.
De 2007 a 2012, sólo se emitieron 39 autorizaciones de ILE, siendo el Distrito Federal la entidad con mayor número (30), seguido por Baja California y Guerrero con tres y Oaxaca dos, informa un estudio titulado Género e Igualdad. Análisis y Propuestas para la Agenda Pendiente, realizado y publicado por expertos adscritos a la Fundación Angélica Fuentes.
Asimismo, resalta que la decisión de interrumpir un embarazo se asocia con la libertad reproductiva y el ejercicio de los derechos femeninos. Dicho acto está permitido en toda la República Mexicana bajo ciertas circunstancias, como los casos de violación, cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo o por malformaciones genéticas graves.
Si es por decisión voluntaria, el aborto sigue estando penalizado, excepto en la ciudad de México, donde la práctica está permitida durante las primeras 12 semanas de gestación. La ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo orilla a que las mujeres busquen opciones clandestinas, con lo que ponen en peligro la salud y la vida, subraya el estudio; de hecho, representa la tercera causa de muerte materna en el país.
“En México, los abortos inseguros causan alrededor del 11 por ciento de decesos maternos -totalmente prevenibles-, lo que obliga a tratar el tema, no sólo en términos de derechos humanos y justicia social, sino también como una urgencia de salud pública”, subraya el estudio Género e Igualdad. Análisis y Propuestas para la Agenda Pendiente.
En consecuencia, la atención en hospitales a causa de la práctica clandestina del aborto va en aumento. Se estima que el número de mujeres en esta situación, de los 10 a los 54 años de edad, fue de un millón 604 mil 976, entre los años 2000 y 2008.
En este contexto, resaltan los datos recabados en la más reciente Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT), los cuales refieren que mientras en el 2005 la tasa de fecundidad en adolescentes era de 30 por cada mil mujeres, en el 2011 fue de 37. Esto significa que cada año 500 mil niñas y adolescentes mexicanas, entre los 10 y los 19 años se embarazan.
Políticas de salud sexual y reproductiva
De acuerdo con el estudio, tal situación es preocupante, ya que revela un fracaso en las políticas preventivas de salud sexual y reproductiva y, además, pone de manifiesto la falta de reconocimiento de las actividades sexuales de las y los adolescentes. “Por tanto, es urgente que las instancias de salud pública, en todas las localidades, garanticen el acceso a la consejería, información y métodos de prevención del embarazo y de infecciones de trasmisión sexual con pleno respeto a sus derechos”.
Si se quiere avanzar de manera decidida en el logro de la igualdad de género en nuestro país, la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos debe ser una prioridad programática en el gasto social.
Por ello, la Fundación recomienda garantizar los derechos reproductivos y la salud que requiere cada mujer, así como poner a su alcance la información adecuada y las herramientas necesarias para decidir si quiere tener hijos, cuándo, con quién y cómo.
En este sentido, la libertad reproductiva igualmente ayuda a evitar la mortalidad materna, pero va más allá, pues de acuerdo con el estudio implica garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y dignos, accesibles y adecuados, orientados a asegurar el bienestar físico y psicológico de las mujeres
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