Un consentimiento real

UFC-Que Choisir, por su parte, exige que Google ponga fin a “la explotación de los datos personales de sus usuarios recogidos de forma ilegal” y que obtenga “un consentimiento real”.

Considera que tener una cuenta de Google se ha convertido en algo obligatorio para utilizar un aparato Android, y en particular descargar aplicaciones. Y que para abrir una de esas cuentas la compañía estadounidense incumple el Reglamento General sobre la Protección de Datos ya que presenta casillas “camufladas” que ya aparecen completadas.

“Cuando recogen tus datos, te tienen que poder decir para qué van a servir, qué tratamiento se les va a dar y, de forma sencilla, debes poder decir sí o no para cada motivo”, destaca en France Info el presidente de UFC-Que Choisir, Alain Bazot, que se queja de que “todo está hecho para que no seas consciente de los datos que se quedan“.

Su organización insiste en que si una persona no sabe qué informaciones está dando o si no entiende el procedimiento, “¿cómo puede dar su autorización?”.

No entran a valorar los datos

La indemnización de 1.000 euros por usuario se ha determinado teniendo en cuenta el “carácter masivo y continuo” de la violación de la vida privada, pero en ningún caso es una estimación del valor de los datos obtenidos por Google.

UFC-Que Choisir da por hecho que la “batalla” que ha iniciado ahora será “larga” y que “habrá que esperar muchos años para obtener una decisión definitiva”. Pero también hace notar que la acción colectiva evita que prescriba el periodo que tienen los consumidores para acudir a la justicia con un procedimiento individual.

Google insiste en su voluntad para obtener el consentimiento del usuario, afirma que son “los actores más comprometidos” a ese respecto. Lo ejemplifica con su página “Cuenta de Google”, a la que se conectan diariamente 20 millones de personas en todo el mundo, que sirve para que cada usuario pueda fijar los parámetros con los datos personales y las reglas de confidencialidad.