Ocho transferencias enviaron 4.040.898 euros de la empresa municipal a cuentas en Hong Kong en septiembre de 2019; el fraude ocurrió con Joan Ribó como alcalde y Giuseppe Grezzi al frente de la EMT y acabó con una exdirectiva declarada responsable contable por el Tribunal de Cuentas

No entraron encapuchados en las instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia. No forzaron ninguna caja fuerte. Tampoco necesitaron acercarse físicamente a las oficinas de la compañía.

Un teléfono, varios correos electrónicos, identidades falsas y una supuesta operación empresarial secreta fueron suficientes para conseguir que salieran de las cuentas de la EMT exactamente 4.040.898,22 euros.

Fue uno de los mayores fraudes sufridos por una empresa pública valenciana.

Ocurrió en septiembre de 2019, durante el gobierno municipal formado por Compromís y PSPV-PSOE, con Joan Ribó (Compromís) como alcalde de Valencia y Giuseppe Grezzi (Compromís) como concejal de Movilidad y presidente de la EMT.

El dinero terminó en Hong Kong.

«El día que 4 millones de la EMT volaron a Hong Kong: ocurrió con Ribó en la Alcaldía y nadie tuvo que entrar a robar».

Y la historia tardaría años en recorrer tribunales, investigaciones internacionales y procedimientos contables hasta llegar al Tribunal Supremo.

Todo empezó con una llamada telefónica

La estafa comenzó el 3 de septiembre de 2019.

La entonces responsable de Administración de la EMT, Celia Zafra, recibió una llamada de una persona que decía ser abogado de Deloitte.

El interlocutor le contó una historia extraordinaria.

Supuestamente, la EMT iba a participar en una operación empresarial confidencial relacionada con la adquisición de una compañía china.

El asunto, según le explicaron, dependía directamente del presidente de la empresa municipal, Giuseppe Grezzi.

Además, debía mantenerse en secreto.

Poco después llegó un correo electrónico aparentemente enviado por el propio Grezzi confirmando la operación.

Pero Grezzi no lo había enviado.

Los delincuentes estaban suplantando su identidad.

La responsable administrativa creyó que estaba participando en una operación empresarial real y comenzó a seguir las instrucciones de los estafadores.

Los estafadores consiguieron las firmas de los responsables de la EMT

El siguiente paso resultó fundamental.

Los delincuentes necesitaban superar los controles existentes para sacar el dinero.

Zafra facilitó documentación que incluía firmas de responsables de la EMT y copias digitalizadas de sus documentos de identidad, según quedó posteriormente establecido en la sentencia del Tribunal de Cuentas.

Con aquella documentación pudieron confeccionarse órdenes de pago.

La operativa ordinaria de la EMT establecía que las transferencias se realizaran mediante banca electrónica y con firma digital mancomunada de dos responsables autorizados.

Pero en este caso se utilizó otro procedimiento.

Las órdenes eran enviadas mediante cartas de pago y terminaban llegando a la entidad bancaria para que ejecutara las transferencias.

Ocho transferencias y más de cuatro millones

La operación continuó durante aproximadamente 20 días.

Entre el 3 y el 23 de septiembre se realizaron ocho transferencias.

Destino:

dos sociedades domiciliadas en Hong Kong.

Cantidad total:

4.040.898,22 euros.

La EMT no tenía relaciones comerciales con aquellas empresas.

El dinero ya había salido de Valencia.

Querían llegar hasta los 11 millones

Y los estafadores todavía querían más.

Una novena transferencia, de cerca de 700.000 euros, llegó a prepararse.

Fue entonces cuando CaixaBank contactó directamente con la gerencia de la EMT.

La conversación hizo saltar todas las alarmas.

Nadie en la dirección de la empresa conocía aquella supuesta operación empresarial.

La transferencia pudo detenerse.

Pero los cuatro millones anteriores ya habían volado.

Las investigaciones posteriores apuntaron a que los responsables de la estafa pretendían conseguir hasta 11 millones de euros de la empresa municipal.

El dinero comenzó a dispersarse por Asia

Cuando los investigadores siguieron el rastro descubrieron que la estructura era mucho más compleja.

Los primeros destinatarios fueron dos sociedades de Hong Kong, JG Trade y Shengyi Trading.

Pero el dinero no permaneció allí.

Los fondos comenzaron a repartirse rápidamente mediante nuevas transferencias hacia una red de alrededor de 20 sociedades, principalmente establecidas en Hong Kong y también en Malasia.

La estrategia dificultaba enormemente seguir el rastro y recuperar el dinero.

Era una operación de ingeniería social acompañada de una estructura financiera internacional preparada para dispersar rápidamente los fondos obtenidos.

Ribó era alcalde y Grezzi presidía la EMT

Políticamente, el fraude se produjo apenas unos meses después de las elecciones municipales de 2019.

Joan Ribó, de Compromís, ejercía su segundo mandato como alcalde.

El Ayuntamiento estaba gobernado mediante una coalición entre Compromís y PSPV-PSOE.

Y la responsabilidad política sobre la Empresa Municipal de Transportes correspondía a Giuseppe Grezzi, también de Compromís, que era concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT.

El caso se convirtió inmediatamente en uno de los grandes frentes políticos del mandato.

La oposición cuestionó los controles existentes en la empresa y exigió responsabilidades políticas.

Pero una cosa es la responsabilidad política por lo ocurrido en una empresa municipal y otra diferente lo que posteriormente determinaron los tribunales.

La EMT despidió a Celia Zafra

La responsable de Administración fue despedida tras descubrirse el fraude.

Zafra siempre defendió que también ella había sido víctima de los delincuentes.

Alegó que había sido engañada mediante una operación extraordinariamente sofisticada y posteriormente sostuvo que no había recibido formación específica para detectar este tipo de fraudes.

La empresa, por el contrario, consideró que había incumplido gravemente sus obligaciones.

El conflicto laboral también terminó en los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana consideró procedente el despido. La resolución destacó, entre otras cuestiones, las ocho disposiciones realizadas entre el 3 y el 20 de septiembre, la utilización fraudulenta de firmas y el hecho de que las transferencias se tramitaran sin informar a los superiores.

El Tribunal de Cuentas la declaró responsable directa

La gran resolución llegó en 2022.

El Tribunal de Cuentas declaró a Celia Zafra «responsable contable directa» del perjuicio causado a la EMT.

La condenó a reintegrar los más de cuatro millones de euros, además de los correspondientes intereses.

El tribunal consideró que había existido negligencia grave.

Entre los argumentos utilizados figuraban que no realizó comprobaciones mínimas sobre la identidad de las personas que contactaron con ella, aceptó mantener en secreto una operación extraordinaria sin comunicarla a sus superiores y facilitó documentación y firmas sin conocimiento ni consentimiento de sus responsables.

El Tribunal de Cuentas también consideró acreditado que en la EMT existía un procedimiento ordinario para realizar los pagos y que ese procedimiento no fue seguido durante la estafa.

La condena fue recurrida

Zafra no aceptó la resolución.

El asunto llegó en apelación a la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

En 2023, la Sala volvió a considerar indiscutible la existencia de un perjuicio para los fondos públicos de la EMT por importe de 4.040.898,22 euros.

Una de las cuestiones planteadas por la defensa fue precisamente la actuación de la entidad bancaria y si esta había respetado correctamente los procedimientos establecidos para ejecutar los pagos.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas recordó que determinadas responsabilidades de terceros quedaban fuera del ámbito específico de aquella jurisdicción contable.

El caso llegó al Tribunal Supremo

Todavía quedaba una última vía.

Celia Zafra presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En octubre de 2024, el alto tribunal lo inadmitió.

Con esa decisión quedó cerrada la discusión en la vía contable sobre la responsabilidad de la exdirectiva.

La resolución del Tribunal de Cuentas quedó firme en ese ámbito y Zafra continuó siendo considerada responsable contable del perjuicio ocasionado a la EMT.

La investigación penal siguió otro camino

Sin embargo, esto no significa que Celia Zafra fuese considerada la autora intelectual de la estafa.

Los verdaderos estafadores eran las personas que habían organizado el engaño, suplantado identidades y conseguido que el dinero terminara en cuentas extranjeras.

La investigación penal siguió una vía diferente en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

De hecho, cuando el Supremo cerró en 2024 la cuestión relativa a la responsabilidad contable, la investigación penal sobre el fraude todavía seguía su propio recorrido.

La EMT cambió sus controles después del fraude

El agujero de cuatro millones también obligó a revisar el funcionamiento interno de la empresa.

Las cuentas auditadas de la EMT recogen expresamente que el fraude produjo una merma de tesorería de 4.040.898,22 euros, contabilizada como una pérdida extraordinaria en 2019.

Después de lo ocurrido, la empresa creó una comisión de investigación y puso en marcha diferentes medidas.

Entre ellas:

la creación de un Área de Finanzas separada de Recursos Humanos, el refuerzo del personal de Administración, la elaboración por escrito de procedimientos internos, nuevos manuales de delegación de funciones y la implantación de la firma digital en toda la compañía.

¿Fueron condenados Ribó o Grezzi?

No.

Y esta precisión es importante.

Joan Ribó no fue condenado por el fraude. Giuseppe Grezzi tampoco.

Las resoluciones posteriores no establecieron que ninguno de los dos participara en la estafa ni los declararon responsables contables de los cuatro millones desaparecidos.

De hecho, el Tribunal de Cuentas consideró acreditado que la EMT disponía de procedimientos de control para realizar los pagos y atribuyó la responsabilidad contable directa a Celia Zafra por no seguirlos.

Otra cuestión diferente fue la responsabilidad política.

El fraude ocurrió dentro de una empresa pública municipal cuando Ribó dirigía el Ayuntamiento y Grezzi presidía la EMT, y durante meses la oposición cuestionó cómo habían podido salir ocho transferencias millonarias hacia empresas desconocidas sin que nadie detectara el engaño.

Cuatro millones que salieron sin que ningún ladrón pisara la EMT

El caso continúa resultando extraordinario años después.

Los delincuentes no necesitaron entrar en una cochera.

No tuvieron que acceder físicamente a una oficina.

Ni siquiera necesitaron conocer personalmente a quienes administraban el dinero.

Consiguieron convencer a una responsable de la empresa de que participaba en una operación secreta autorizada por el presidente de la EMT, falsificaron identidades y documentos y consiguieron que se ejecutaran ocho transferencias internacionales.

Cuando el engaño fue descubierto, habían desaparecido:

4.040.898,22 euros de una empresa pública de Valencia.

El gobierno municipal de entonces era el de Joan Ribó, sustentado por Compromís y PSPV-PSOE, y al frente de la EMT estaba Giuseppe Grezzi.

Pero después de años de procedimientos judiciales, el desenlace en la vía contable fue otro: la persona declarada responsable directa fue Celia Zafra, cuya última tentativa de recurrir esa responsabilidad terminó cuando el Tribunal Supremo inadmitió su recurso en 2024.