Los enfrentamientos registrados durante las protestas contra un acto de Santiago Abascal en A Coruña han provocado críticas a la planificación policial y peticiones de dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. La Delegación defiende la intervención de los agentes y atribuye la violencia a grupos organizados.
La plaza de María Pita fue el escenario de una concentración contra la presencia del dirigente de Vox el pasado 21 de octubre. Durante los incidentes se produjeron lanzamientos de objetos contra el dispositivo policial y cargas de los antidisturbios. El balance inicial recogido por la Cadena SER fue de dos detenidos y doce policías lesionados, además de heridos entre los manifestantes.
JUPOL reclamó la dimisión de Pedro Blanco al considerar insuficiente la preparación del operativo. Por su parte, el delegado respaldó la actuación policial y señaló a pequeños grupos violentos como responsables de los disturbios. El BNG cuestionó la proporcionalidad de las cargas, mientras el Ayuntamiento condenó la violencia y los daños materiales.
Los sucesos se suman a las protestas registradas en Madrid alrededor de un acto al que asistía Isabel Díaz Ayuso y a la cacerolada contra Javier Milei en la Universidad Rey Juan Carlos. Según la información publicada por El Español, la salida de la presidenta madrileña requirió que la Policía despejara los accesos al Palacio de Santoña. El presidente argentino pudo impartir su conferencia pese a la concentración contraria a su presencia.
La controversia exige distinguir entre las responsabilidades de seguridad y las acusaciones políticas. Las denuncias de una supuesta permisividad del Gobierno son valoraciones de quienes las formulan: los incidentes, por sí solos, no demuestran que exista una estrategia institucional para promoverlos.
También conviene precisar el funcionamiento del derecho de manifestación. La Constitución no establece un sistema de autorización previa. Su artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y exige comunicación previa para las manifestaciones en espacios de tránsito público. La autoridad puede prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Por tanto, permitir una protesta no equivale, por sí mismo, a respaldar sus consignas.
El debate gira alrededor de cómo proteger simultáneamente la protesta pacífica, la seguridad de los asistentes y la celebración de los actos políticos. Para evaluar cada operativo resulta necesario esclarecer qué riesgos se conocían, qué medidas se adoptaron y cómo se desarrolló la intervención policial.
