Cuando cae la noche en el centro penitenciario de Picassent, el silencio ya no siempre significa calma. Cada vez son más frecuentes los vuelos de drones que sobrevuelan la prisión con un objetivo muy concreto: entregar teléfonos móviles, droga y otros objetos prohibidos directamente a los internos.
Lo que hace apenas unos años parecía una escena de película se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para funcionarios y fuerzas de seguridad, que ven cómo la tecnología está dejando obsoletos los tradicionales sistemas de vigilancia.
Índice de contenidos
Un dron quedó atrapado con dos móviles
Uno de los últimos episodios ocurrió el pasado 13 de junio. Un interno alertó de la presencia de un dron que había quedado enganchado en un foco de iluminación del módulo 6.
Al recuperar el aparato, los funcionarios descubrieron una bolsa colgada mediante una cuerda que transportaba dos teléfonos móviles junto a sus cargadores.
La Guardia Civil abrió una investigación para identificar tanto al piloto como a los presos que esperaban recibir el envío, mientras varios internos fueron trasladados de módulo para evitar un nuevo intento.
Entregas cada vez más precisas
Los primeros drones utilizados en prisiones simplemente dejaban caer los paquetes en patios o zonas comunes.
Ahora la situación ha cambiado por completo.
Los pilotos realizan vuelos nocturnos de gran precisión, cubren las luces del aparato con cinta negra para hacerlo prácticamente invisible y consiguen situar la carga justo frente a las ventanas de determinadas celdas.
Desde el interior, algunos reclusos utilizan palos u otros utensilios fabricados artesanalmente para enganchar la cuerda y recuperar el paquete sin abandonar la celda.
Un negocio muy rentable
La sofisticación del método también ha disparado el negocio.
Según las investigaciones, un piloto especializado puede cobrar hasta 6.000 euros por un único vuelo exitoso.
La cifra se explica por el enorme valor que alcanzan determinados objetos dentro de prisión. Un teléfono móvil de alta gama puede venderse en el mercado negro penitenciario por una cantidad similar, especialmente cuando permite a determinados internos seguir comunicándose con organizaciones criminales en el exterior.
Además de teléfonos y cocaína, también se han interceptado envíos de hachís, bebidas alcohólicas, medicamentos e incluso dinero en efectivo.
El reto de frenar una amenaza aérea
Aunque en Picassent solo se han detectado oficialmente dos incidentes recientes, los funcionarios sospechan que podrían haberse producido más entregas sin ser descubiertas.
El problema afecta a numerosas cárceles españolas y algunas, como la de Alhaurín de la Torre (Málaga), acumulan decenas de avistamientos de drones utilizados para introducir contrabando.
La tecnología antidrones sigue pendiente
Instituciones Penitenciarias llegó a estudiar la implantación de sistemas capaces de detectar, interceptar y tomar el control de estas aeronaves mediante radiofrecuencia.
Sin embargo, el elevado coste económico frenó su implantación.
Mientras tanto, los sindicatos reclaman medidas más inmediatas, como la instalación de mallas protectoras en las ventanas de las celdas o inhibidores de frecuencia que impidan a los drones completar sus vuelos.
La carrera tecnológica entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales continúa avanzando, mientras el cielo sobre las prisiones españolas se convierte en un nuevo frente contra el contrabando.
