El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha firmado hoy un convenio de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas de Galicia y Comunitat Valenciana para la realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogado y procurador en las correspondientes lenguas cooficiales. En los próximos días este acuerdo será rubricado por el País Vasco y Cataluña.
El objeto del acuerdo es permitir que los exámenes de acceso a ambas profesiones puedan realizarse indistintamente en castellano y en aquella lengua española que sea cooficial en la comunidad autónoma de acuerdo con su Estatuto, en función de la libre decisión del aspirante.
Para ello, los correspondientes departamentos de Justicia de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia y de la Comunitat Valenciana se comprometen a:
– Garantizar que los servicios de traducción dependientes de dichas administraciones se desplacen a la sede del Ministerio de Justicia para realizar la traducción de la prueba en la correspondiente lengua cooficial, guardando la debida confidencialidad del contenido de dicha prueba.
– Asumir el coste económico relacionado con la traducción a la correspondiente lengua cooficial, incluido el que se derive del desplazamiento del personal a la sede del Ministerio por el tiempo que sea necesario para proceder a la realización de la traducción del ejercicio en la correspondiente lengua cooficial.
