Los mercados de derechos de emisiones: poner precio al aire para que se contamine menos

4044659Poner un precio al aire para incentivar que se contamine menos. A grandes rasgos, ese es el principio que subyace detrás de los mercados de emisiones, un instrumento que ya existe en algunos países y regiones, como la Unión Europea, y que en la Cumbre del Clima de Madrid es uno de los aspectos que centran las negociaciones, con la vista puesta en avanzar hacia un mercado global que permita la transferencia de derechos de emisión entre empresas y, sobre todo, entre países, pese a que también suscita críticas como sistema para reducir la contaminación.

Un mercado de emisiones se basa en repercutir el coste de la polución sobre quienes contaminan, para que, a medida que ese coste crezca, se vean tentados a dejar de hacerlo; una empresa, por ejemplo, puede buscar una tecnología diferente para producir. En lugar de apelar a la conciencia para proteger el bien común, que es el aire limpio, se apela al bolsillo para que salga caro emitir gases de efecto invernadero. Y para ello, hay que ponerle precio al derecho de contaminar.

A partir de ahí, todo es cuestión de oferta y demanda: las empresas o los países que necesiten contaminar por encima de lo que tienen autorizado pueden comprar derechos de emisión a quienes contaminan por debajo de lo asignado y estos, a su vez, pueden financiarse vendiendo lo que les sobra por reducir sus emisiones.

El desarrollo del artículo 6

Sin embargo, la articulación de esos mercados es muy compleja desde el punto de vista técnico, sobre todo a la hora de decidir quién tiene derecho a emitir gases contaminantes y en qué cantidad. En esa tarea es en la que pretende avanzar la COP25, retomando un asunto que quedo pendiente en la reunión del año pasado en la ciudad polaca de Katowice: el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París.

“Cuando la cantidad total de emisiones está cerrada, es muy fácil”, explica a RTVE.es Pedro Linares, profesor de Organización Industrial en la Universidad Pontificia de Comillas y especialista en este tipo de mercados, “las obligaciones están muy claras para todo el mundo”. Así ocurre en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el mercado más desarrollado, aunque el primer sistema de este tipo se estableció en 1997 bajo el Protocolo de Kioto.

Para todos los públicos 

¿En qué consiste el Acuerdo de París?

Entonces, se repartieron unos derechos de emisión llamados mecanismos de desarrollo limpios en función de los compromisos adquiridos por los 190 países firmantes para reducir sus emisiones; esos derechos se podían transferir, de forma que los países que necesitaban contaminar más, habitualmente los más desarrollados, podían comprárselos a los países que contaminaban menos, normalmente países en vías de desarrollo.

Pactar cómo se miden los derechos

Ahora, el artículo 6 del Acuerdo de París abre la puerta a la cooperación internacional para reducir las emisiones mediante transferencias internacionales, es decir, creando un mercado global de derechos de emisiones. Pero hay que pactar lo más difícil: cómo se adquieren los derechos de emisión de dióxido de carbono -hay otros gases de efecto invernadero, pero se calcula su equivalencia en CO2- para que sean comercializables y, sobre todo, para que signifiquen una verdadera reducción de las emisiones.

El texto del Acuerdo de París indica que esos derechos se generan cuando un país reduce sus emisiones por encima de su compromiso nacional adquirido (NDC, en sus siglas en inglés), el plan enviado a naciones Unidas cada cinco años -en 2020 deberán renovarse- con sus medidas para evitar el calentamiento del planeta. Sin embargo, esos compromisos no son homogéneos entre los países: “Hay que traducir esos NDC a cantidades medibles que permitan saber qué es adicional, con el fin de asignar derechos”, detalla Linares.

Las dificultades que eso implica son numerosas: los compromisos son voluntarios, en porcentajes o en cantidades, con bases distintas sobre las que calcular las reducciones… Hay que evitar la doble contabilidad, esto es, que dos países se anoten la reducción que genera el derecho al venderlo y al comprarlo, y decidir si los derechos de Kioto se mantienen. Además, es necesaria una institución central, en principio un organismo de la ONU, que verifique el cumplimiento efectivo de los compromisos de los países y registre los derechos adquiridos.

El mercado de emisiones de la Unión Europea

Solo entonces se podrán transferir los derechos, como ya ocurre en la Unión Europea, que puso en marcha su mercado de emisiones en 2005, aunque solo ahora ha alcanzado una cierta madurez. La Comisión Europea reparte una cantidad de toneladas de CO2 entre los países miembros y estos los subastan entre las empresas que pueden participar en el programa, ya que no todos los sectores están incluidos ni todas las compañías están obligadas a pagar: de forma genérica, se incluye la industria -centrales térmicas, siderurgias, refinerías, cementeras, cerámicas, papeleras…- y la aviación.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, afecta a más de 10.000 instalaciones en 30 países y cubre más de 2.000 millones de toneladas de CO2, en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la UE. “La primera fase fue un programa piloto, de adaptación, y en la segunda fase, con la crisis, muchas empresas dejaron de producir y de emitir, lo que llevo a un exceso de derechos en el mercado”, apunta Ignacio Belenguer, trader de Vertis, una compañía especializada en productos financieros medioambientales, entre ellos derechos de emisión, que está presente en la cumbre de Madrid.

De hecho, el precio de emitir CO2 llegó a acercarse a cero en algunos momentos, aunque con el lanzamiento de la tercera fase en 2013 y la recuperación económica ha repuntado y el pasado viernes cotizó por encima de los 25 euros por tonelada, ya en la horquilla en la que la Comisión Europea considera que incentiva a las empresas a introducir tecnología menos contaminante.

Dudas sobre su eficiencia

El especialista de Vertis asegura, en este sentido, que el mercado europeo ha sido eficiente: “Se pretende acompañar de forma gradual la transición de las empresas hacia menores emisiones, pero hay sectores que ni siquiera tienen alternativas tecnológicas, como la cerámica o la aviación; por eso es mejor que un impuesto fijo, es un impuesto dinámico”, argumenta Belenguer, que advierte que, si el precio llegara a 40 euros por tonelada, supondría cierres de empresas y pérdida de empleos.

No está haciendo que las industrias dejen los combustibles fósiles para invertir en nuevas tecnologías

Pedro Linares es más escéptico y señala que, con la tonelada a 25 euros, se incentiva pasar de generación de electricidad con carbón a gas, en un entorno como el actual de precios gasistas bajos, pero, a su juicio, “no está haciendo que otras tecnologías estén entrando ni que las industrias dejen los combustibles fósiles para invertir en nuevas tecnologías”.

Para todos los públicos

Ese incentivo también depende de cómo las empresas puedan trasladar el sobrecoste a los usuarios: las eléctricas lo tienen más sencillo que las cerámicas o las compañías aéreas. Y, de esa manera, que alcance también a la ciudadanía: “A 25 euros por tonelada, son unos dos céntimos de euro en un litro de gasolina. No te enteras”, asegura Linares.

Un mecanismo con limitaciones

Es una crítica que comparten las organizaciones ecologistas: “Pensar que el comercio de carbono nos sacará de la crisis climática es una falsa esperanza”, afirma Greenpeace en un informe previo a la cumbre, en el que reclama acciones más decididas, menos progresivas, para recortar las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Linares, sin embargo, defiende seguir utilizando este sistema: “Es una señal interesante, que te da la idea del coste de contaminar, pero de recorrido limitado”, sobre todo si no hay una cierta estabilidad en el precio que marque una senda para las empresas a medio plazo. Y apostilla que “eso no quiere decir que sea el único instrumento” al que se deba recurrir.

Belenguer, en cualquier caso, recuerda que hay ya numerosos mercados de emisiones funcionando o en preparación: “Suiza tiene su propio mercado, que se conectará con el europeo en enero; China tiene un programa piloto por subregiones; Colombia y Sudáfrica lo están estudiando; en varios estados de Estados Unidos, como California, se está implementando; en Nueva Zelanda funciona bien, aunque es un país que emite como una comunidad autónoma española…”, repasa. El mundo entero se afana en ponerle precio al aire limpio.

 

 

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