Los socialistas votan en contra de Puerto Mediterráneo en ocho localidades del entorno de Paterna

El macrocentro de ocio Puerto Mediterráneo, rebautizado como Intu Mediterrani, no solo ha causado discrepancias en el Consell entre Compromís, abiertamente contrario al proyecto, y el PSPV, más neutral en sus valoraciones públicas.

La posición de los socialistas no es nada cómoda y el complejo que ha sido rechazado por segunda vez por la Conselleria de Medio Ambiente empieza a dividir el partido.

El alcalde de Paterna del PSPV, Juan Antonio Sagredo, ha sido su principal defensor, lo que causó la ruptura del pacto de Gobierno municipal con sus socios de Compromís y Paterna Sí Puede (marca blanca de Podemos), contrarios a este modelo comercial extensivo.

Sin embargo, el mismo PSPV ha votado mociones en contra de la implantación de Intu Meditrrani hasta en ocho Ayuntamientos del entorno, los cuales entienden que afectaría negativamente al pequeño comercio de sus localidades.

En concreto, se han posicionado contra el proyecto los socialistas de L’Eliana, Godella, Rocafort, Alaquàs, Burjassot, San Antonio de Benagéber, Manises y Bétera.

Tan solo en Llíria el PSPV se mostró, junto al PP, a favor del proyecto, por lo que la moción no prosperó, mientras en Aldaia el partido socialista se abstuvo en la votación, lo que no impidió que la moción contra Intu saliera adelante.

Es destacable, además, que la moción contra el desarrollo del macrocentro de ocio en Paterna se aprobó por unanimidad en Manises y San Antonio de Benagéber.

Puig garantiza la seguridad jurídica
Por su parte, el presidente del Consell, Ximo Puig, afirmó este jueves que “el Consell garantiza la seguridad jurídica en la Comunitat” y tiene una “mentalidad abierta ante cualquier proyecto positivo” siempre que cumpla la legalidad. Asimismo, ha reclamado “desdramatizar esta cuestión y desligarla de los planteamientos partidistas”.

Como avanzó eldiario.es, la resolución de Medio Ambiente concluye básicamente que el nuevo proyecto presentado incurre en los mismos defectos que motivaron el informe de evaluación ambiental negativo del primer proyecto y que ha motivado una reclamación judicial de la promotora británica al Gobierno valenciano por valor de 238 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

Por ello, tal y como establece la legislación, se comunica a la promotora la apertura del trámite de audiencia previa a la resolución de inadmisión. Es decir, que aporte nuevas alegaciones, para lo que tiene diez días.

Los promotores presentaron el pasado mes de julio el nuevo proyecto que suponía una reducción de superficie comercial de un 25%, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000 metros. Así, afirmaron que se ponía la sostenibilidad como prioridad y que se cumplía “ampliamente la legalidad”.

Sobre la petición de Intu a la patronal valenciana, la CEV, para que medie con el Consell, Puig ha destacado que la relación con ella es “absolutamente positiva y permanente” y atenderán “perfectamente las consideraciones que haga”.

La petición de amparo de la promotora británica y la rápida respuesta de la patronal saliendo en su apoyo también ha causado una fractura en el seno de la CEV.

En concreto, la federación de pequeño comercio (Confecomerç), integrada en el organismo empresarial, pedirá explicaciones a su presidente, Salvador Navarro, al considerar que ha priorizado los intereses de una compañía británica a las pequeñas empresas locales.

Los representantes del pequeño comercio consideran que la Comunitat Valenciana cuenta con una gran saturación y concentración de amplios espacios comerciales, siendo la tercera autonomía con mayor número de centros comerciales, por encima de la media europea, y superando a otras autonomías como Cataluña con mayor densidad de población e incluso con mayor afluencia de turismo.
 

 

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