3 de septiembre de 2016
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Madrid multa a El Corte Inglés con 3.005 euros por vender aceite de oliva por debajo de su coste

el-corte-inglesAGENCIAS La Comunidad de Madrid ha multado a El Corte Inglés con 3.005,70 euros -el menor importe posible para esta clase de incumplimientos- por vender aceite de oliva por debajo de su coste, una “infracción” grave de la ley de Ordenación de Comercio Minorista, normativa en la que se prohíbe explícitamente la venta a pérdidas.

La resolución es fruto de una denuncia interpuesta en 2015 por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) contra El Corte Inglés, Carrefour, Dia y Supercor (por el momento no existe resolución sobre estas tres últimas). Fuentes de El Corte Inglés han explicado a Efeagro que el expediente administrativo todavía no es firme, por lo que presentarán recurso contra esta resolución.

La organización agraria UPA ha tachado la sanción de “irrisoria y ridícula”, pero ha resaltado que vuelve a demostrar que esta práctica comercial -la venta a pérdidas- es “ilegal y puede castigarse”.

PIden un cambio en la ley para endurecer las sanciones

Los agricultores han reclamado un cambio en la Ley de Comercio minorista para que las denuncias se resuelvan más rápido y se traduzcan en sanciones “más fuertes y disuasorias”, ya que, de no ser así a la gran distribución le seguirá compensando llevar a cabo estas prácticas, “al ser mucho mayores los beneficios que obtienen con ellas”.

Para la organización agraria esta sanción, que se suma a la que ya interpuso la Región de Murcia por la misma denuncia, vuelve a demostrar “la incongruencia” de las leyes de comercio, que dejan al criterio de las comunidades autónomas el hecho de sancionar o no a los que incumplen la Ley. “Si la Ley es igual para todos y la venta a pérdidas es ilegal en toda España, ¿cómo es posible entonces que sólo dos territorios lo hayan considerado sancionable?”, se preguntan desde UPA.

La Ley de la cadena alimentaria prohíbe las ofertas abusivas y el uso de productos reclamo por ser prácticas que perjudican a los productores, al hundir el precio de los alimentos y suponer un engaño a los consumidores, ya que, según UPA, las empresas recuperan el margen perdido mediante la venta de otros productos.

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