El exgerente de Imelsa afronta una petición de más de seis años de prisión por presuntas comisiones ilegales en contratos culturales del Ayuntamiento de Valencia
El exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, ha regresado este lunes a los juzgados de Valencia para afrontar uno de los juicios derivados del caso Taula, una de las mayores tramas de corrupción investigadas en la Comunitat Valenciana.
Benavent, conocido por autodenominarse en su día el “yonqui del dinero”, está acusado de haber actuado como intermediario en el cobro de presuntas comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones del área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007. Por estos hechos, la Fiscalía solicita para él seis años y medio de prisión.
“Yo no soy un zombie, lo son otros”
A su llegada a la Ciudad de la Justicia, poco antes de las diez de la mañana, Benavent se dirigió a los medios con un mensaje directo: negó haber sido un trabajador ficticio dentro de la administración pública y aseguró que sí desempeñaba funciones reales. “Yo no soy un trabajador zombie, lo son otros”, afirmó, añadiendo que dará explicaciones detalladas cuando declare ante el tribunal, algo previsto para el próximo 10 de febrero.
Contratos bajo sospecha
El procedimiento judicial se centra en una serie de contratos públicos vinculados a trabajos de limpieza, restauración y mantenimiento de algunos de los principales monumentos históricos de Valencia, como la Lonja, las Torres de Quart o los puentes de Serranos y de la Trinidad. También se investigan adjudicaciones relacionadas con la construcción del Centre Cultural La Rambleta y con una edición del festival de cine Mostra de Valencia.
Según el escrito de acusación, Benavent habría actuado como recaudador de comisiones, recibiendo pagos en efectivo por parte de empresas adjudicatarias una vez asegurados los contratos, con la supuesta connivencia de responsables políticos y directivos públicos.
Más acusados en el banquillo
Junto a Benavent, se sientan en el banquillo otros cuatro acusados, entre ellos un exdirectivo de una fundación pública y tres representantes de empresas privadas. La Fiscalía les atribuye delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación, y solicita penas de prisión, multas económicas e inhabilitación para cargo público.
En el caso del exgerente de Imelsa, el Ministerio Público reconoce parcialmente su colaboración con la investigación, aunque considera que no resulta suficiente para eximirle de responsabilidad penal.
Una pieza más del caso Taula
Esta vista oral supone una nueva fase judicial del caso Taula, una macrocausa que destapó un entramado de presunta financiación irregular y cobro de comisiones en administraciones gobernadas por el Partido Popular en Valencia. La causa señala un papel relevante de la exconcejala de Cultura María José Alcón, fallecida en 2018, cuya responsabilidad penal quedó extinguida por su muerte.
El juicio continuará en las próximas semanas con la práctica de pruebas y declaraciones, en un proceso que vuelve a poner el foco en uno de los episodios más oscuros de la gestión pública valenciana de las últimas décadas.
