Las víctimas acusan a los responsables políticos y técnicos de homicidio imprudente y otros cuatro delitos por su gestión del desastre del 29 de octubre
La tragedia provocada por la DANA del 29 de octubre sigue generando repercusiones legales. Más de un centenar de afectados han presentado una querella contra cinco miembros del Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a quienes acusan de homicidio imprudente y otros cuatro delitos. La denuncia, que busca depurar responsabilidades en la gestión del desastre, también solicita la declaración como testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al estar aforado.
El proceso judicial podría convertirse en un caso de gran trascendencia, ya que por primera vez se señala directamente a altos cargos del gobierno valenciano y a la CHJ por su presunta responsabilidad en la gestión de la emergencia.
La acusación: negligencia y falta de previsión
Los querellantes sostienen que tanto el Consell como la CHJ no tomaron las medidas necesarias para minimizar el impacto de la DANA, lo que contribuyó al trágico balance de más de 220 fallecidos y daños multimillonarios. Entre las principales acusaciones destacan:
- Homicidio imprudente, al considerar que su actuación o inacción contribuyó a la muerte de centenares de personas.
- Omisión del deber de socorro, debido a la supuesta falta de respuesta adecuada a las alertas meteorológicas.
- Prevaricación y malversación, por una presunta gestión inadecuada de los recursos destinados a la prevención de desastres.
- Daños y perjuicios, por las pérdidas materiales sufridas por los afectados.
Los denunciantes argumentan que la magnitud del desastre podría haberse reducido con una mejor coordinación entre administraciones y una gestión más eficiente de los recursos hídricos, como el desembalse preventivo de ciertos embalses.
La CHJ y el Consell defienden su gestión
Tanto la CHJ como el Consell han rechazado las acusaciones y han defendido su actuación ante la emergencia. Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya declaró recientemente que “todo el mundo sabe lo que no se hizo” y aseguró que la responsabilidad del desastre no recaía sobre su organismo.
Por su parte, fuentes del gobierno valenciano han calificado la querella de “infundada” y han insistido en que el fenómeno meteorológico fue de una magnitud sin precedentes, lo que hizo imposible evitar sus devastadores efectos.
El president Carlos Mazón, cuya declaración como testigo ha sido solicitada, no se ha pronunciado aún sobre el asunto, aunque desde su entorno aseguran que colaborará con la justicia en todo lo necesario.
Un proceso judicial con impacto político
La querella podría tener importantes consecuencias no solo judiciales, sino también políticas. La oposición ha aprovechado la situación para criticar la gestión del Consell y exigir dimisiones, mientras que las familias de las víctimas han comenzado a movilizarse para reclamar justicia.
En los próximos meses, la investigación deberá determinar si hubo negligencia en la gestión de la crisis y si los querellados deben afrontar consecuencias legales. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿se podría haber evitado esta tragedia con una mejor planificación y respuesta?
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas
Hay mucho trabajo detrás de una noticia. Contrastar fuentes, redactar, analizar, recabar información… Pero todo esto implica unos costes muy altos, porque aunque parezca una obviedad, hacer buen periodismo, en estos momentos, es complicado.