Valencia, 1 de mayo. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por las nuevas normativas de explotación del Tajo-Segura, calificándolas como “uno de los mayores ataques” a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Mazón declaró que estas medidas son “un ataque a nuestra forma de vida” y representan el mayor desafío al futuro de la región.
El jefe del Consell expresó su intención de liderar acciones civiles, sociales y jurídicas para movilizar a la sociedad, especialmente en Alicante, junto a Murcia y Almería, para oponerse a lo que considera un “atropello”. Según Mazón, estas reglas no solo afectan a los regantes y agricultores, sino que constituyen un ataque a la forma de vida local. El gobierno autonómico se compromete a utilizar todos los medios a su disposición para contrarrestarlas.
Mazón llamó a toda la sociedad y, en especial, a los diputados socialistas del Congreso a no apoyar estas medidas. Subrayó que están activando todos los recursos disponibles.
Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, junto con Sara Rubira de Murcia y Ramón Fernández-Pacheco de Andalucía, también denunciaron las decisiones unilaterales del Ministerio para la Transición Ecológica. Señalan que estas perjudican la economía, el empleo y el futuro de miles de familias dependientes del agua trasvasada.
Barrachina afirmó que “no se puede gobernar el agua desde un despacho en Moncloa sin escuchar a quienes producen alimentos para toda Europa”. Considera que las nuevas reglas impactan directamente a los agricultores locales que han gestionado el agua de manera eficiente y sostenible por décadas. “Exigimos justicia hídrica”, añadió.
Las comunidades autónomas afectadas han manifestado su disposición al diálogo, pero no aceptarán medidas que debiliten el sector agroalimentario ni pongan en riesgo el suministro de agua a millones de ciudadanos.
Desde la Generalitat también criticaron la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica por endurecer severamente las condiciones para autorizar trasvases. Entre las medidas, se incluye aumentar los requisitos para permitir el trasvase máximo solo bajo ciertas condiciones de existencias o aportaciones anuales. Además, se contemplan reducciones progresivas y modificaciones que representan obstáculo para garantizar el abastecimiento de agua.
Barrachina considera que estas decisiones son “la puntilla al trasvase Tajo-Segura”, evidenciando, en su opinión, una voluntad clara de restringir el uso de un recurso esencial para el desarrollo regional.
